viernes, 28 de junio de 2013

Un exchófer de Lubasa declara que vio a uno de sus jefes dar un maletín con dinero a Costa


Un exchófer de la empresa constructora Lubasa es el autor de la denuncia que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a abrir una nueva causa contra el diputado del PP y exsecretario general del partido, Ricardo Costa. El alto tribunal estudiaba desde hacía un par de semanas la exposición motivada que envió el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia.
La denuncia parte del exchófer que declaró haber presenciado cómo Gabriel Batalla, que estaba entonces al frente de la compañía, dio un maletín con dinero a Ricardo Costa. Al parecer, el encuentro entre ambos pudo producirse en la plaza de la Virgen de Valencia, aunque la entrega física presuntamente se realizó en un bar.
El magistrado Juan Climent ya tiene sobre la mesa estas diligencias que afectan a Ricardo Costa. Precisamente, el instructor fue quien presidió el jurado popular en el asunto de los trajes, en el que finalmente quedó absuelto. La causa está abierta por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Esta calificación provisional es la que se apuntó en la exposición motivada que se envió desde el juzgado de Valencia.
¿Se sumará a Gürtel?
Fuentes consultadas explicaron que si se apreciara una conexión con los hechos que ya se están investigando en una de las piezas separadas de Gürtel este nuevo asunto se sumaría a las pesquisas que ya tiene abiertas José Ceres, otro de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal. También podría instruirse de manera independiente. Otras fuentes consultadas en su día por LAS PROVINCIAS deslizaron que el recorrido de esta causa podría terminar en un archivo.
El instructor investiga un presunto delito electoral relacionado con la financiación del PPCV. Ricardo Costa se encuentra imputado por falsedad documental y por el citado delito electoral.
El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, se refirió el pasado martes a la nueva investigación abierta contra un diputado popular. «La ley del silencio y de la pasividad es total, ya que no sólo crecen en imputados, sino que se le suman nuevas causas a los que ya tienen imputados y aquí nadie dice ni hace nada. A su juicio, «está claro que Fabra tiene un problema y que no sabe gestionarlo y la falta de acción pasará factura en la credibilidad de las instituciones valencianas».

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