El número dos de Fabra ante la amenaza de la imputación judicial por corrupción 

Serafín Castellano se enfrenta a posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición por la adjudicación de contratos desde el Consell a la empresa construcciones Taroncher

El secretario general del PPCV y conseller de Justicia, Serafín Castellano, acudió con rictus serio a la cena que el viernes por la noche celebró el líder provincial de Valencia, Alfonso Rus. La seriedad del escudero de Fabra no pasó desapercibida para ninguno de los compañeros con los que compartió mesa y mantel. Aunque ni el más malpensado de sus enemigos (la mayoría en las sillas más cercanas) podía adivinar que la pasividad de Castellano era fruto de una decisión judicial y no del éxito gastronómico de uno de sus principales enemigos dentro del partido, el anfitrión Rus.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) confirmó que el pasado miércoles, el secretario judicial firmó un oficio dirigido a la Mesa de Les Corts para que acredite la condición de aforado del diputado Serafín Castellano tras la querella presentada contra él hace semanas. En concreto, la Asociación contra la Corrupción atribuyó en la denuncia contra el conseller de Justicia posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición por la adjudicación de contratos desde el Consell a la empresa construcciones Taroncher, propiedad de un amigo personal de Castellano. El trámite, rutinario en todos los casos que afectan a diputados con escaño en Les Corts, es el necesario para que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se declare competente para asumir la denuncia y, en última instancia, si la admite a trámite y comienza una investigación e imputa a Castellano o, por el contrario, opta por su archivo.

La simple consulta del aforamiento del número dos de Alberto Fabra cayó ayer como una bomba en el PPCV, a pesar de que el trámite no supone la imputación inmediata del conseller, sino que se corresponde con el primer paso en una posible investigación. Las filas populares acogieron ayer el anuncio del TSJ con la certeza de que la querella contra el conseller de Justicia acabará teniendo recorrido, supondrá la imputación de Castellano y, por tanto, provocará su salida del Consell y de la dirección del partido. Así lo marca la ya famosa línea roja nacida de la filosofía Fabra. Ningún cargo investigado puede ocupar cargos en el Gobierno autonómico ni en el PPCV. Y, en el caso de Castellano, sus responsabilidades son máximas en los dos ámbitos.

Fuentes del entorno del secretario general del PPCV aseguran que desconocía la noticia, pero lo cierto es que ayer todo el mundo que había asistido a la cena del PP provincial, la noche de antes, comenzaba a encajar las piezas del puzzle. Primero, por la tarde, durante la reunión del comité ejecutivo regional, la número dos de su conselleria y mano derecha de Castellano, Asunción Quinzá, sin llegar a citar la palabra «imputados» vino a decir que a toda aquella persona a la que se le presenta una denuncia no quiere decir que sea culpable. Las palabras de la secretaria autonómica deslizaron la crítica hacia la decisión del líder de bajar tanto la conocida línea roja. Una reflexión que, ayer, conocida la decisión del TSJCV, cobra aún más si cabe un significado más trascendente.

De hecho, un amplio sector del partido considera que una imputación es una garantía para que una persona se pueda defender en un proceso judicial. En ningún caso debe utilizarse como sinónimo de culpabilidad, algo que contrasta con la doctrina Fabra, que suspende de toda responsabilidad política y orgánica a todos aquellos sobre los que pesa la imputación. De hecho, durante las intervenciones se hizo también alusión a cómo las dos denuncias de la Asociación contra la Corrupción podrían poner en un brete al Consell si siguen adelante y se imputa a los números uno y dos del PPCV. La doctrina del presidente sería clara en este caso. También apuntó en la misma dirección el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, imputado por Gürtel, que aludió a la instrumentalización de la Justicia por parte de los partidos de la oposición. Además, reivindicó la imputación como una garantía de presunción de inocencia.

Pocos ayer dudaban ya de la coincidencia de las palabras de Quinzá ante la ejecutiva que presidió Alberto Fabra. Solo horas después se conoció que el TSJCV ya ha pedido a Les Corts que aclare la condición de aforado de Castellano para decidir si asume una de las querellas que pesa sobre él. De hecho, este procedimiento se ha seguido ya con anterioridad en todos los casos que afectan a diputados populares. Empezando por Rafael Blasco, Sonia Castedo, Ricardo Costa, David, Serra, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Vicente Rambla, Luis Díaz Alperi o Yolanda García. También con la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. En su caso, ambos esperan que el TSJCV tome una decisión sobre una posible imputación en el caso Nóos, una vez Les Corts notificó al alto tribunal que ambos son aforados. En esa misma situación se encuentra ahora Serafín Castellano, sobre quien no pesa ninguna imputación, pero que se sitúa ante la amenaza cercana de incorporarse a un colectivo con el que él ha sido especialmente duro.

Y es que la doctrina ideada por Alberto Fabra, y sustentada por quien es su número dos, podría convertirse en la sentencia de un Consell sobre el que pesan varias denuncias de la novedosa Asociación contra la Corrupción. De hecho, si prospera la que ahora puede comenzar a investigar de Castellano, debería dejar su cargo de conseller y de secretario general del PPCV. Aunque de hacerlo la que hay presentada contra el propio Alberto Fabra por un presunto delito de contratación irregular, el presidente también sería víctima de su propia línea roja y dejar descabezado a un Gobierno que no pasa por su mejor momento.

De momento, el recorrido judicial del caso Taroncher se encuentra en fase inicial. Una vez Les Corts den trámite a la solicitud de aforamiento (se producirá en días), se designará un ponente por orden de reparto. El magistrado elaborará un documento en el que recogerá si asume el caso o conviene el archivo. Esta decisión tendrá que ser votada por todos los miembros de la Sala. Si se produce la primera opción, la imputación del conseller de Justicia será un hecho inevitable porque es el principal destinatario de la querella y, por tanto, deberá dar al juez las explicaciones pertinentes. Otra posibilidad pasa por que la Sala dé traslado a la Fiscalía de la denuncia para que se pronuncie sobre si los hechos de la querella son constitutivos de delito.

En el peor de los casos, si finalmente se produjera la imputación, la salida de Castellano del Consell y de la dirección del partido no sólo supondría un nuevo escándalo político en la Comunitat, sino un golpe a la línea de flotación de Alberto Fabra. Y es que, hay que recordar que el fichaje de Castellano para la secretaría general del PPCV, hace un año, fue una apuesta personal del presidente Alberto Fabra, como también la de mantenerlo al frente de la Conselleria de Gobernación, en la que vio ampliadas sus competencias con Justicia en la última remodelación del Consell. Persona de su máxima confianza, Castellano ha sido miembro del Gobierno valenciano con todos los presidentes del PP. Ahora, una querella por presuntas adjudicaciones de contratos públicos a la constructora de un amigo hace peligrar su puesto. Aunque la famosa Asociación contra la Corrupción ya anunció la pasada semana que había presentado otra demanda por la supuesta contratación «masiva» de allegados y amigos en diferentes organismos públicos.

Además, también el juez de Palma José Castro anunció que iba a investigar los contratos del Consell con Over Marketing en la etapa en que Castellano tenía responsabilidades, después de que el empresario Daniel Mercado asegurara que las administraciones «habían amañado contratos».

Si una de las causas prospera, la línea roja de Fabra pondrá el fin a la carrera de Castellano.