Caso Nóos

El juez acusa a Camps y a la Generalitat Valencianade burlar ´olímpicamente la ley´ para que hiciera ´negocios´ el yerno del rey

Los Gobiernos de la C. Valenciana y Baleares son «merecedores del más intenso reproche ético y jurídico», censura el magistrado Castro en el auto en el que fija una fianza de 8,1 millones a Urdangarin y Torres - El juez ofrece a Fabra que ejercite acciones y el Ejecutivo gana tiempo

Los convenios de colaboración suscritos por los Gobiernos valenciano y balear con el instituto Nóos, dirigido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, «no fueron otra cosa que la forma arbritraria de ´vestir el santo´», con «la única finalidad», «con un total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin», según revela el demoledor auto del juez de Palma José Castro, hecho público ayer, en el que acepta la petición de la Fiscalía y del sindicato Manos Limpias de imponer una fianza de 8,1 millones al yerno del Rey y a Torres en este caso de presunta corrupción.

La resolución judicial supone una censura sin paliativos a los Ejecutivos de Francisco Camps y Jaume Matas, a los que acusa de incurrir en «transgresiones palmarias» de la ley, de prescindir «olímpicamente de tramitar ningún concurso público o negociado», para sentenciar que los responsables de las administraciones de la C. Valenciana y de Baleares «son merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados».

El auto, de 542 páginas, se enmarca en la pieza separada del caso Palma Arena sobre el supuesto desvío de 6,1 millones de los ejecutivos balear y valenciano a Nóos entre 2004 y 2007 por la organización de eventos sobre deporte y cultura. La resolución es un golpe más a la imagen de la C. Valenciana y pone en un brete al presidente, Alberto Fabra, que se ve abocado a personarse en el proceso, una decisión postergada pero sobre la que ahora tendrá que pronunciarse. El juez ofrece a la Generalitat la posibilidad de ser parte en el proceso por los perjuicios a los que supuestamente se vio sometida. En concreto, Castro libró un oficio a Fabra para abrirle la vía de ser parte en la reclamación de la fianza civil, al igual que al director general de Cacsa y al director de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. La decisión acarrea un problema político porque supone actuar contra el Ejecutivo de Camps. Mientras la oposición exigió al unísono al Consell que se persone, éste no se pronunció. Se limitó a ganar tiempo al indicar que, cuando le llegue el oficio, lo estudiará y decidirá.

En su resolución, el magistrado, que considera los convenios firmados «nulos de pleno derecho», «censura» la actuación de Urdangarin y Torres, a quienes acusa de «rodearse de una aureola de falta de ánimo de lucro» a través del instituto Nóos para que, «no sólo nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo». Las administraciones se sometieron a los «negocios» del yerno del Rey, «por ser quien es».

El futuro procesal de los gestores
El magistrado anticipa posibles consecuencias procesales para los gestores que intervinieron, al recalcar que Urdangarin y Torres no son «los únicos criminalmente responsables», ya que «deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión». Pero se limita a imponer fianza a éstos por «congruencia» con las peticiones de Fiscalía y Manos Limpias, descartando pronunciarse sobre los responsables públicos, «a reserva de lo que el futuro procesal de esta causa puede depararles». En el caso valenciano, el auto alude directa o indirectamente a la intervención en el proceso, entre otros, de Camps, del exvicepresidente Víctor Campos, del exportavoz Esteban González Pons y de los titulares de Cacsa y de Turismo Valencia.

Las comidas «evidencian» que Urdangarin desobedeció al Rey
Tras el fracaso del proyecto de unos Juegos Europeos en Valencia, lo que no fue obstáculo para que Nóos cobrara del Consell al menos 382.000 euros, el duque de Palma y su exsocio intentaron vender unos Juegos de la Juventud. Las conversaciones, según el juez, se desarrollaron en dos almuerzos entre 2007 y 2008 a los que asistieron Urdangarin, Diego Torres, el exvicepresidente Vicente Rambla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (ésta solo al primero de ellos), entre otros. Para el magistrado, los encuentros de Urdangarin con el Ejecutivo valenciano por este proyecto, entre otros elementos, «evidencian» que las relaciones entre el duque y Nóos «subsistieron al apartamiento puramente formal escenificado el 20 de marzo de 2006, con el que sólo se pretendió aparentar el acatamiento a la recomendación que le fue cursada por la Casa Real, por lo que la responsabilidad del primero por los hechos posteriores no se ha de descartar necesariamente a partir de aquella fecha». Asimismo, los almuerzos, añade, prueban que ambos «trataron de remover cualquier obstáculo que se opusiera al cobro» de facturas por 2 millones «cuyo pago legítimamente rechazo la señora [Isabel] Villalonga [exresponsable de la Abogacía de la Generalitat] o, en su defecto obtener como compensación y al margen de cualquier procedimiento legal la adjudicación de un nuevo evento». 

El «Summit» editó un libro al director de Turismo Valencia
El director de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas, tuvo una participación más activa en el Valencia Summit [el foro sobre eventos deportivos y ciudades de cara a la Copa del América] de lo que hasta ahora se conocía públicamente. El auto del juez corrobora las decenas de miles de euros que asumió la fundación controlada por el Ayuntamiento de Valencia por los gastos ocasionados por los participantes en el foro, tal como avanzó este periódico. Pero además Salinas también participó como un colaborador más de las jornadas, en su caso, con un libro titulado «Ponga su ciudad en el mapa». Así lo indica Castro en el auto cuando atribuye una factura de 694,30 euros a la elaboración de los textos del libro. Concretamente, a la «reelaboración de los capítulos 6 al 9 de Salinas sobre marketing turístico». El cargo tiene fecha de 4 de enero de 2006 y el proveedor, siempre según el auto del magistrado, es Carlos Zuriguel Pérez, cuyo nombre aparece en diversos apuntes contables por servicios de corrección de textos. El juez alerta también de que el coste del trabajo del corrector de la obra se quiso cargar a las cuentas del Fòrum Balears cuando eran gastos de Valencia. En la edición de 2006, Turismo Valencia asumió 115.000 euros de gastos del Summit. Y otros 363.000 en las dos ediciones anteriores.