La fiscalía denuncia a la cúpula de Caixa Catalunya de 2010 por cobros “desproporcionados”
El ministerio público investiga las altas remuneraciones en plena crisis de la entidad
El escrito pide la imputación de Narcís Serra, Adolf Todó y 52 directivos más
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia contra la antigua cúpula de CatalunyaCaixa por aprobar incrementos salariales para sus altos cargos en 2010 pese a la “situación crítica” que atravesaba la entidad. El fiscal pide al juez que llame a declarar como imputados por un delito de administración desleal al expresidente Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros 52 miembros del Consejo de Administración. El escrito reprocha que la caja aprobara esos pagos al tiempo que solicitaba el auxilio por su situación de “insolvencia” al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El fiscal Fernando Maldonado subraya que las retribuciones e indemnizaciones fijadas para los altos directivos de CatalunyaCaixa fueron “desproporcionadas y ajenas a la real situación” de la caja y se adoptaron, además, “en un entorno de grave crisis económica”. La denuncia cita cómo en los consejos de enero y octubre de 2010 se aprobaron aumentos salariales para Todó como director general de Catalunya Caixa —resultado de la fusión entre las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa— y para quien fue su número dos, Jaume Masana. Los sueldos variables de ambos se incrementaron hasta el 50% en enero de ese año (con la oposición de una única consejera), mientras que en octubre se subieron sus sueldos fijos.
Las dos subidas fueron aprobadas por la inmensa mayoría de los miembros del Consejo de Administración, incluso cuando “ya habían sido aportados” los fondos públicos. Los consejeros actuaron “con evidente abuso del cargo” y usaron “los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad”.
Las altas retribuciones variables iban contra el criterio fijado por la Comisión Europea, que alertó de los riesgos de proporcionar “beneficios rápidos” a los directivos de entidades financieras. La actitud de los 54 denunciados “contribuyó a la grave crisis financiera” de la caja de ahorros, hoy nacionalizada. El fiscal considera inadecuados incluso los contratos iniciales de Todó y Masana, que incluían derechos desproporcionados por pensiones y prejubilaciones. El ex director general cobró de la entidad un total de cuatro millones y se aseguró derechos económicos por 8,2 millones más. Ambos fueron destituidos por el FROB en mayo.
En 2011, el Banco de España obligó a las cajas rescatadas a hacer públicos los sueldos de los directivos. Todó cobró ese año 1,55 millones con derecho a una pensión de 3,46 millones más. Pese al “enorme desfase patrimonial”, los sueldos de los dos ex altos cargos “no dejaron de subir” entre 2008 y 2011, en plena crisis.
En el marco de una “irresponsable política de retribuciones”, el fiscal menciona las “escandalosas y millonarias” indemnizaciones que percibieron tres exdirectivos tras su dimisión por la fusión de las cajas: Lluís Gasull (7,4 millones), Ricard Climent (1,3) y Gloria Ausio (1,3). El fiscal reprocha especialmente a Serra y a Todó —los “principales beneficiarios” de la trama— que hicieran un “reprochable y espúreo manejo de los fondos” de una entidad cuyo fin es destinar sus beneficios “a obra social” y evitar “un despilfarro de los fondos en beneficio de los altos directivos”.
El caso del exministro de Defensa socialista es llamativo. Serra presidió el consejo desde 2005 hasta 2010 y, aunque tenía un cargo representativo, percibía “elevados emolumentos en concepto de dietas”, según el fiscal. A partir de 2007, además, se le fijó un salario como presidente no ejecutivo. En total, en cuatro años, el expresidente percibió poco más de un millón de euros entre sueldo y dietas.
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