El primero fue Francisco Camps, el 21 de julio de 2011, tan solo dos meses después de revalidar su mayoría absoluta en las urnas, y el último, José Antonio Griñán, asfixiado por el escándalo de los ERE. De por medio, también se fue, hace justo un año, la lideresa del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en un cambio de cromos en el que los tres han sufrido, a la postre, el mismo síndrome. El del alejamiento político y personal de quienes fueron, hasta no hace mucho, sus edecanes más fieles reconvertidos en nuevos Adanes de la política.
El relato corre de forma casi idéntica en los tres casos. Con Alberto Fabra, primero, e Ignacio González y Susana Díaz, la recién investida presidenta de la Junta de Andalucía, después. Los nuevos necesitan marcar su terreno, afianzar su quebradiza situación, ya que ninguno ha pasado por las urnas, y el camino discurre, en buena medida, por alejarse de quienes les designó. Una renovada versión de aquello que Ortega y Gasset definió como el adanismo. Pretender comenzarlo todo sin continuidad en el proyecto, borrando de un plumazo la historia que le antecede.
El último ejemplo de este síndrome, por el cual los hijos devoran a los padres, se ha visto esta misma semana en el debate de investidura de Susana Díaz como nueva presidenta de la Junta de Andalucía, en manos de los socialistas desde hace más de 30 años. Criticada porque no nombró el caso de los EREs en su primer discurso, lo cierto es que la sucesora de Griñán ha querido constituirse en adalid de la lucha contra la corrupción obviando los años en los que ella ha estado dentro de la Junta en otros gobiernos salpicados por esa lacra y enarbolando un discurso radicalmente opuesto a lo que ha sido el devenir de la institución durante los últimos años.
“A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia de la Junta de Andalucía”, explicó en sus primeras palabras ante la Cámara. Es pronto para juzgar todavía sus pasos, pero el camino parece trazado de forma paralela al que han seguido tanto González en Madrid como Fabra en la Comunidad Valenciana con respecto a sus predecesores. Borrón y cuenta nueva. Como promesa, Díaz también combatirá (la corrupción) "en todos los frentes, con más medidas, más controles, más vigilancia y con mejores prácticas. Combatirla sin descanso con un tesón al menos equivalente al hastío, el cansancio y la indignación de los ciudadanos y ciudadanas respecto de este tema”.
Como ya publicó este diario, Díaz quiere ofrecer desde el primer instante diferencias sustanciales con su mentor. Diferencias políticas y estratégicas en tres campos: en lo concerniente al escándalo de los ERE, en la orientación política del Gobierno andaluz y en el control del PSOE de Andalucía. Unas diferencias que van a quedar claras con la composición de su primer equipo de gobierno y que son, en el fondo, lo mismo que, en su momento, hizo Griñán con respecto a Chaves y a su clan de seguidores más cercanos.
Aguirre, muy lejos de la Puerta del Sol
En Madrid, principal bastión del Partido Popular junto a la Comunidad Valenciana, parecía increíble hace solo un año que Esperanza Aguirre y su número dos durante nueve años, Ignacio González, fueran a acabar algún día como el rosario de la aurora. Pero lo cierto es que, desalojada ella de la Puerta del Sol, las diferencias entre ambos se han acrecentado a pasos agigantados conforme el ‘verso suelto’ del PP ha seguido haciendo de las suyas contra la cúpula del partido y el presidente Mariano Rajoy. Un escenario en el que González, quien fue en su día principal azote de Rajoy de cara al Congreso de Valencia o el candidato de Aguirre para Caja Madrid, no se siente nada cómodo.
Debate sobre el estado de la región de madrid
La razón no es otra que la pura supervivencia política. Necesitado del beneplácito de Rajoy y de Cospedal para ser cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas de 2015, González necesita ahora unas relaciones pacificadas con la planta noble de Génova 13. Unas relaciones sin sobresaltos en las que González pueda afianzarse al frente de los madrileños sin grandes estridencias políticas y sin continuar con ese papel de Pepito Grillode Rajoy que Aguirre sigue llevando a cabo desde el puesto de presidenta del PP regional que se resiste a abandonar. González además necesita, sí o sí, un acercamiento con Moncloa que le pueda abrir las puertas al proyecto de Eurovegas flexibilizando la Ley del Tabaco después de que otras medidas mal vistas por la dirección nacional, como el euro por receta, hayan acabado recurridas en el Tribunal Constitucional. 
Las tensiones entre ambos se han ido sucediendo en los últimos meses a raíz de sucesivas intervenciones de Aguirre a nivel interno y en público, a cada cual más salida de tono. Como el tenso Comité de Dirección de febrero en el que la lideresa arremetió contra Ana Botella por su gestión del Madrid Arena y en la que reconoció que ella ya habría cesado a Ana Matocomo ministra por la implicación de su exmarido en la Gürtel.
La fe del nuevo converso González le llevó a su máximo desencuentro con Aguirre el pasado mes de julio, tras el Comité Ejecutivo Regional en el que Aguirre pidió a Rajoy que depurase responsabilidades en el 'caso Bárcenas' y exigió a la dirección del partido que pidiera disculpas. Al término de la cita interna, en la que el discurso de Aguirre fue abierto a los medios, González mantuvo con ella una bronca de cerca de 45 minutos en uno de las salas acristaladas de la sede del PP. En reiteradas ocasiones,González le habría pedido a Aguirre una actitud más prudente respecto a la dirección nacional, sin convertir determinadas sospechas publicadas en los medios de comunicación en verdades políticas. Sea como fuere, lejos quedan los tiempos en los que ambos pedían adhesiones inquebrantables a cambio de seguir en las listas que ellos mismos controlaban con mano de hierro.
El abismo Camps-Fabra
Pero el caso más sintomático de adanismo político y de conversión extrema se ha dado en la Comunidad Valenciana, donde Alberto Fabra ha roto todos y cada uno de los puentes que pudiera haber con su antecesor y ha eliminado de sus equipos a todos los que estuvieron salpicados por los desmanes de la era Camps. Tal es el alejamiento entre uno y otro, que Camps no hace vida parlamentaria ni se deja ver apenas en las sesiones de las Cortes. Sólo acude a votar cuando los sufragios se presumen reñidos y apenas habla con sus compañeros de escaño.
Camps se reúne con fabraEn todo este tiempo, Fabra ha llevado adelante un plan que ha supuesto el desmantelamiento de todos los vestigios de las etapas de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Un proyecto de regeneración que ha encontrado respaldo en Mariano Rajoy, pese a que, sin embargo, las filas popularesaguardan todavía a 11 imputados en el grupo parlamentario.
La política llevada a cabo por Fabra no es más que una continuación de lo que ya dijo en su discurso de investidura, en el que ya marcó distancias con su predecesor al señalar que aspiraba “a conseguir que se vuelva a hablar únicamente en positivo de la Comunitat Valenciana” después de varios años de sobresaltos constantes a cuenta de la Gürtel y los trajes de Camps.
En este sentido, la puesta en venta del complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz, en Alicante, el proyecto emprendido por la Generalitat valenciana para crear una especie de estudios de Hollywood a la española, o la venta del aeropuerto de Castellón, representan el último portazo a toda una era. Fabra ha sacado adelante la Ley de Reestructuración y Reorganización del Sector Público Empresarial valenciano, que según el Gobierno autonómico acabará con 46 de los 76 entes públicos creados por los Gobiernos anteriores y eliminará 2.000 puestos de trabajo de los 7.000 encuadrados en esos organismos. La norma habilita a Fabra para liquidar la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), el ente más problemático de todos los que componen el sector público empresarial autonómico y que es el propietario de las dos infraestructuras citadas. Sólo estas dos inversiones han costado a la Administración valenciana 455 millones de euros y arrastran una deuda superior a los 250 millones de euros que no deja de incrementarse.
Es la historia de los conversos o los ´hijos políticos’ que acabaron devorando a sus 'padres', al revés que Saturno. El guion prefabricado que, a día de hoy, se ha cumplido con pulcritud en todos y cada uno de los relevos generacionales que tan pacíficos parecían en un principio.