* La cadena se adentrará en el territorio de la Comunidad Valenciana para exigir los "Paises Catalanes"
La Diada de Cataluña que se celebrará el próximo 11 de septiembre ya está calentando el ambiente político una semana antes del evento. ¿El motivo? Los gastos ocasionados por las acciones previstas para ese día. Resulta que la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), la misma que organizó la macromanifestación del año pasado, había pensado este año realizar una enorme cadena humana de norte a sur de Cataluña para pedir la independencia. Para ello, claro, hay que contar con una organización complejísima y la ayuda de la Administración, puesto que habrá que cerrar a la circulación varias vías e incrementar las frecuencias de los transportes públicos en previsión de la asistencia de ciudadanos a la cadena.
Y ahí es donde ha nacido la bronca. La mayoría de los partidos de la oposición han pedido al Gobierno de Artur Mas que no sufrague los gastos del acto reivindicativo. El verdadero aldabonazo lo dio este fin de semana el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, que pidió que fuera la ANC la que asumiese los costes de la seguridad de la cadena humana. ¿Por qué? Por la situación de crisis profunda y de recortes del Ejecutivo catalán. Además, la ANC es una entidad privada, “igual que el FC Barcelona, que llega a acuerdos con el Ayuntamiento de Barcelona para sufragar gastos de seguridad y de transporte” en determinados eventos.
Desde el Gobierno, en cambio, no existe ni la más mínima intención de cobrar gasto extraordinario alguno a la ANC. Es cierto que algunos miembros del Ejecutivo de Mas aplauden la iniciativa, pero consideran que en una manifestación ciudadana, máxime teniendo en cuenta que hablamos del Día Nacional de Cataluña, sería totalmente ilógico cobrar por la seguridad. Otra cosa es la ayuda que pueda prestar la Administración a los organizadores, que será la máxima. Pero tampoco ven problema alguno en asumir costes de transportes o de seguridad en actos que los ciudadanos demandan para conmemorar una jornada tan señalada. El propio presidente de la Generalitat recibirá también en su despacho oficial a los organizadores, como hizo el año pasado.
Pere navarro
Pero si desde el Gobierno se ha evitado responder directamente a las peticiones de los socialistas, los dirigentes de CiU y de ERC respondieron ayer a Navarro con contundencia. Incluso la propia presidenta de la ANC, Carme Forcadell, le advirtió que su propuesta está “fuera de lugar”, ya que hasta ahora no se ha hecho pagar por realizar manifestaciones. En declaraciones a Catalunya Ràdio, la emisora pública de la Generalitat, Forcadell señaló: “Si se refiere a la seguridad, entonces pregunto: ¿Esto es con efectos retroactivos a todas las manifestaciones que hemos hecho hasta ahora, es decir, la del año pasado? ¿La de Ernest Lluch también? ¿Las de la Plataforma por el Derecho a Decidir también? ¿La de Òmnium también? ¿Las del Primero de Mayo también?”.
“Lo que se desprende de las palabras de Navarro es que los organizadores de esta Diada han de pagar de sus bolsillos el despliegue de los Cuerpos de Seguridad durante la Diada, cosa inaudita. Jamás se ha hecho hasta ahora. Ni en el plano político ni en el deportivo o cultural”, señalan fuentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a El Confidencial. El secretario de Organización de Convergència, Josep Rull, contestó a Navarro con una batería de preguntas. “¿Está planteando el señor Navarro que los organizadores de todas las manifestaciones habrían de pagar el servicio público de orden? ¿Incluso en aquéllas convocadas legítimamente contra el Gobierno? ¿Nos está planteando limitar el derecho democrático a la manifestación?”.
Y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, paralelamente, señaló ayer a TV3, la cadena autonómica catalana, que esa propuesta es equivalente a “poner una tasa” a quien quiera manifestarse. “No tiene mucho sentido. Seguro que Navarro irá rápidamente a sindicatos y entidades a explicar que les cobrarán algún tipo de tasa o impuesto”, ironizó Junqueras. La portavoz de Esquerra,Anna Simó, también se sumó a las críticas al socialista. “Eso sería poner precio al derecho a manifestarse y abrir una puerta a limitar el derecho de manifestación de los ciudadanos. Es poco rico democráticamente y muy sectario pretender hacer pagar por aquello que no compartes y, en cambio, no hacer pagar por aquello que sí compartes”.
La principal actividad de la Diada, que ya se conoce como Vía Catalana, no obstante, tampoco gusta al presidente de Ciutadans, Albert Rivera, que asume que el Gobierno ha de garantizar la seguridad como en otros actos públicos pero pide a Artur Mas que no se subvencione el alquiler de autobuses para asistir a la cadena ni se haga publicidad de la manifestación desde el Gobierno.
El desmarque de Unió
El contenido ideológico de la cadena independentista, sin embargo, ha traído otras consecuencias: si bien Convergència ha anunciado que sus principales dirigentes (todos, excepto Artur Mas) participarán en el acto reivindicativo, en Unió Democràtica (UDC) soplan otros vientos. La dirección de la formación democristiana aprobó ayer no convocar oficialmente la asistencia a la cadena independentista.
El presidente de la generalitat, artur mas (efe)
“Lo que decimos es que los dirigentes de Unió que vayan estarán a título individual, como ciudadanos, no como miembros del partido. No pasaremos lista ni daremos consignas. Ni tampoco estamos por dividir el país en función de lo que piense cada uno o de sus intereses políticos. Lo que defendemos ante todo es la cohesión social”, señalan fuentes de UDC a este diario.
Los socialistas también se han desmarcado de la reivindicación independentista a pesar de que las dos corrientes críticas internas habían pedido los últimos días que la cúpula hiciese un llamamiento a la participación en la cadena. Pere Navarro lo dejó meridianamente claro ayer, tras la reunión de la Ejecutiva del PSC: “El partido no participará en la cadena independentista organizada por la ANC, ya que es una convocatoria con el claro objetivo de la independencia, que nosotros respetamos y es claramente legítimo, pero no compartimos. Nuestro proyecto político es la reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado Federal con un mejor reconocimiento y financiación para Cataluña”.