Mas paga con fondos públicos más de 83.000 euros por un palco del Liceu

Artur Mas, presidente de la Generalitat (EFE
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Crisis, pero menos. Eso es lo que parece desprenderse de algunas de las adjudicaciones del Gobierno autonómico catalán en las últimas semanas. La más llamativa es, sin duda, la contratación del anfiteatro número 16 del Liceu, desde el que Artur Mas puede seguir las representaciones de la temporada 2013-2014. Para ello, la Generalitat ha desembolsado la nada despreciable cifra de 83.104 euros, IVA incluido. La firma del contrato de alquiler se llevó a cabo el pasado día 2 de agosto, justo el último día antes de que los altos cargos del Govern comenzasen las vacaciones de verano.

Pero esa cantidad se queda corta al lado de la que el Instituto Catalán de Finanzas ha previsto para asesorarse sobre sus métodos y cómo obtener la calificación de entidad de crédito del Banco de España. En esta ocasión, fue una vieja conocida la que se llevó el gato al agua: nada menos que Deloitte, la misma empresa que fichó a David Madí, hombre de la total confianza de Artur Mas y exsecretario de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y, para más inri, el contrato se firmó el 8 de agosto, en plenas vacaciones estivales.

El expediente de este contrato, que asciende a 179.987,50 euros, fue iniciado por el consejero delegado del ICF, Josep-Ramon Sanromà, el pasado 17 de julio. El trabajo que ha de hacer esta compañía es de “asesoramiento y acompañamiento en la solicitud y tramitación íntegra del procedimiento para la obtención de la calificación de entidad de crédito del ICF ante el Banco de España”.

Se da la circunstancia de que el Parlamento catalán acaba de aprobar una moción, que tuvo el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP, para pedir al Congreso que cambie la ley estatal con el objeto de permitir que el ICF se transforme en un ente público. El objetivo es cambiar la naturaleza jurídica del organismo. En el programa de ERC figura, además, la conversión del instituto en el banco público de la Cataluña independiente, punto que también ha sido asumido por CiU. Si esa modificación se produjera, el organismo ya contaría con el visto bueno de las instituciones comunitarias, avalado por el Banco de España. En caso contrario, tendría verdaderas dificultades para hacerse valer ante las instituciones de la UE.

El organismo público catalán señala en su pliego de prescripciones técnicas que no está inscrito en el Banco de España como entidad de crédito y desarrolla su actividad “en un marco jurídico concreto, diferente al resto de actores del sector, hecho que ocasiona confusiones, ineficiencias fiscales, aumento de los costes de los recursos y dificulta sus actividades. Por estos motivos (y para alinearse con la normativa europea referente a la reestructuración del sistema financiero que promueve la transparencia y control de las actividades de financiación), el ICF quiere iniciar un proceso de adecuación y actualización de sus sistemas, controles y procedimientos. Este proceso se complementaría con la solicitud al regulador de la calificación de entidad de crédito, manteniendo su misión y principios de actuación, pero homologándose, a efectos societarios, jurídicos y regulatorios, con el resto de instituciones de su sector”.

En un documento fechado el 8 de agosto, Sanromà adjudica el contrato (que curiosamente finaliza este martes 15 de octubre) a Deloitte, aunque no indica en el mismo quiénes fueron los otros licitantes. Ese mismo día, Sanromà adjudicaba otro contrato curioso: 156.090 euros a PricewaterhouseCoopers (PwC) para el “diseño y creación de los manuales de políticas, procedimientos y controles de gestión de los diferentes riesgos en los que incurre la entidad, según la normativa actual, tanto de ámbito estatal como a nivel europeo, que regula el sector financiero, y que incorporen las mejores prácticas de mercado”. En otras palabras, son 156.000 euros para el diseño y la creación de los manuales de políticas, procedimientos y control de riesgos del ICF. El plazo de ejecución de este contratocomenzaba el 9 de agosto y dura hasta final de año.

En una resolución idéntica a la de Deloitte (sólo cambia el objeto y el nombre del beneficiado), Sanromà también adjudicó a esta compañía el contrato sobre el servicio de “asesoramiento para la modelización e implementación de la función de auditoría interna”. En PwC también hay un hombre fuerte de Convergència: Joaquim Triadú, exconsejero de Presidencia en el último Gobierno de Jordi Pujol y uno de los exponentes del sector negocios de CDC más cercanos a Mas, de quien fue compañero de Gobierno.

KPMG, otra de las grandes auditoras que trabajan con el Gobierno autonómico, no podía quedarse al margen y también ha recibido algunas compensaciones. Economía, por ejemplo, le concedió la “consultoría sobre el impacto presupuestario de diferentes alternativas estratégicas de explotación de concesiones administrativas de gestión inmobiliaria y de equipamientos” el pasado 27 de septiembre por 47.795 euros.