Dependientes valencianos llevan ya más de tres años sin cobrar las ayudas

Los afectados presentan 4.000 firmas ante el Síndic por los retrasos en pagos a enfermos y residencias que superan los 140 millones 

Las personas dependientes de la Comunitat se sienten desamparadas. La ley les permite recibir ayudas que en la mayoría de los casos han sido concedidas por la Generalitat. Sin embargo, el dinero no llega a sus bolsillos y sus ahorros van menguando hasta prácticamente haber desaparecido en muchos de los hogares afectados.

En estos instantes, según los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, hay en el territorio valenciano 61.290 personas que tienen derecho a algún tipo de prestación al no poder valerse por sí misma. De todas ellas, 8.975 todavía no han podido solicitarla porque son de grado I, lo que implica que deberán demandarla a partir de 2015. El resto sí que tendría que percibirlo, aunque la realidad es muy distinta a lo que indica la teoría.

Los dependientes tienen dos opciones cuando conocen su situación. Por un lado, pueden solicitar una prestación (que puede ser para que un familiar lo cuide, que lo haga un profesional o para un centro de día) y, por otro, una plaza pública o concertada en alguna residencia.

Esta segunda opción es mejor económicamente hablando, pero no en cuanto a la movilidad, puesto que no eligen la residencia a la que pueden ir. De ese modo, existen elevadas opciones de que sus familiares tengan que desplazarse muchos kilómetros para acudir a visitarlos o que no les guste la calidad del servicio. Además, en muchos casos la piden cuando ya viven en una y, como apunta María José Mira, directora general de Aerte, «un cambio de ese tipo para gente ya débil puede ser muy perjudicial».

Ahora mismo, hay en la Comunitat 13.325 personas con dependencia -de grado II o III- que ni siquiera tienen reconocida ningún tipo de ayuda. La conselleria cuenta con expedientes sin resolver desde mediados de 2012.

Por otro lado, también se adeuda a mucha gente la retroactividad. La ley explica que a partir de los seis meses de pedir la ayuda, aunque la concedan más tarde, tiene derecho a percibirla. Existen casos de personas que reciben la mensualidad desde que les aprobaron la prestación, pero que no han visto un euro del tiempo anterior.

«Esto es una carrera de obstáculos», advierte Héctor Estruch. «Mi madre sufre Alzheimer , con una discapacidad de grado máximo. Cuando pedimos la dependencia, en el año 2010, tardaron casi dos años en dárnosla». La recibieron hace cuatro meses. «A partir de ese momento, la legislación apunta que el informe PIA (del que se extrae la cantidad a recibir) debe tardar un máximo de 15 días, pero todavía estamos esperándolo. La verdad es que es algo muy frustrante», añade.

Héctor asegura que se ha puesto en manos «de un abogado», puesto que lo que «nos están haciendo es una negligencia. Yo he ido tirando de los ahorros, pero no sé cómo aguanta otra gente que conozco».

No se equivocaba Estruch, puesto que los hay que están ya con el agua al cuello. Es el caso de Pepita Serrano. Su hermana Juana tiene dos hijos en Holanda. «Mi sobrino no tiene trabajo y mi sobrina sufre depresión», de modo que no pueden ayudar a su madre, que necesita la prestación. Por ello, «esta mañana -por ayer- he llamado a la Generalitat y me dicen que aún no han revisado su informe» cuando hace más de «cuatro años» que la examinaron por primera vez.

«Creo que ya está bien», asevera esta septuagenaria cuyo mayor miedo es que dejar desamparada a su hermana. «Si pido que la lleven a una residencia pública no sé cómo la van a tratar, ni dónde va a estar, porque pueden aceptarla en cualquier parte de la Comunitat y no tengo edad para hacer viajes largos».

Desde hace cuatro semanas, busca un centro más cercano que se pueda permitir, porque cada vez tiene menos recursos. «No hay derecho a que la gente pase hambre y se esté muriendo. Me da vergüenza lo que están haciendo al pueblo valenciano». De momento, Pepita aguanta «porque mi hermana tiene una pensión de Holanda, donde hemos trabajado durante muchos años».

Carmen también ha regresado tras emigrar. En Inglaterra ha dejado a su marido y a su hijo para cuidar de su madre, que padece demencia. Además, se rompió la cadera, por lo que «necesita cuidados las 24 horas. Hace dos años que pedí que se le aplicará la Ley de Dependencia, porque cuando la evaluaron le dieron el grado máximo, pero sigo esperando», admite.

Por si fuera poco, «me he gastado ya todo el dinero que tenía y aquí no tengo médico porque me consideran extranjera. Es un poco de locos, no entiendo que no haya ninguna ayuda para personas como mi madre y sus familias».

Lo que tiene claro esta hija única es «que no voy a dejarla en la calle. Física, psicológica y financieramente es muy complicado vivir así y que te digan que no hay dinero para esto no consigo entenderlo. Muchas veces no me ve como su hija y me trata de ladrona. Ha habido meses que no veía una salida», afirma.

En ese sentido, José Mengot, reconoce que ha tenido «un colchón económico, pero se acaba. Estoy muy indignado, pues hay cosas que deberían estar por encima de otras». Su abuelo, de 100 años, debería recibir «unos 500 euros, pero no le han ingresado nada desde el 2011 que lo pedimos. En la residencia me confirman que hay muchos casos idénticos». Así le sucede a la cuñada de José Cifo, que aceptaron su dependencia en febrero de ese mismo año. «Solicitamos la ayuda, pero sigue sin llegar».

Ante los problemas, las empresas responsables de atender a estas personas decidieron acudir ayer con 4.000 firmas de sus trabajadores al el Síndic de Greuges, puesto que la deuda total se eleva a 140 millones de euros. «Cada dos dependientes reconocidos generan un puesto de trabajo y al revés. Es algo a tener en cuenta», advirtió María José Mira.