FeriaValencia arruinada
La herencia envenenada
Alberto Catalá ya es historia en Feria Valencia. La renovación en dos actos del gobierno de la institución ferial culminó definitivamente esta semana con su renuncia y posterior nombramiento de José Vicente González, presidente de Cierval, como su sucesor. Casi dos años ha aguantado Catalá como presidente simbólico desde el desembarco empresarial en el comité ejecutivo de febrero del año pasado. Desde entonces, todas las funciones ejecutivas las detenta el nuevo director general, Enrique Soto, el hombre fuerte de los empresarios encargado de diseñar el plan para que Feria Valencia vuelva a ser viable, un proyecto en el que Alberto Catalá no podía encajar.
La salida del que ha sido presidente durante los últimos catorce años es el punto final a la apuesta por un modelo quebrado. Su etapa ha estado marcada por la tutela política, ya que siempre se le ha identificado como un hombre de Rita Barberá, supeditado al criterio de la alcaldesa de Valencia y presidenta del patronato del recinto ferial. Precisamente esa protección le ha sostenido los últimos veinte meses al frente del recinto, aunque desaparecido del plano institucional.
Pero su etapa también ha estado caracterizada por el faraónico proyecto de ampliación -con unas obras que costaron el doble de lo previsto y que todavía está pagando la Generalitat- y por los escándalos aireados a raíz de una querella presentada por un exdirectivo del recinto por los presunta apropiación indebida, falsedad documental y fraude, entre otros delitos, contra Catalá, el director general, Carlos de Vargas y el jefe del gabinete, Enrique Calomarde. En la denuncia, que fue admitida a trámite, se acusaba a parte de la cúpula directiva de utilizar los viajes institucionales con fines personales y beneficiando a sus empresas y de usar con fines privados tarjetas de crédito de Feria Valencia con un quebranto para la institución de hasta 30.000 euros al mes. Tras años de investigación, el procedimiento penal quedó archivado este verano al no apreciar el juez indicios de delito.
Catalá llegó a la presidencia de Feria Valencia en 1999 tras la dimisión de Antonio Baixauli, que no agotó los cuatro años de mandato. El propietario de la empresa textil Rafael Catalá S. A. no había ocupado previamente cargos empresariales de relevancia. Su ascendiente era fundamentalmente político, pues estaba vinculado familiarmente con Ana Botella, esposa del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, a través de su mujer. La alcaldesa de Valencia y presidenta del patronato ferial fue su principal promotora. En su primera etapa, se hizo acompañar por Belén Juste como directora general, que posteriormente sería nombrada consellera del Gobierno de Francisco Camps.
El principal reto para Catalá y Juste fue la ampliación del recinto ferial, cuyos principales certámenes gozaban entonces de una envidiable salud. El presupuesto inicial de la ampliación era de 325 millones, aunque las obras acabaron costando casi el doble. El resultado fue un gigante de 230.000 metros cuadrados de superficie cubierta con ocho pabellones polivalentes y 68.000 metros cuadrados de aparcamiento. Las obras finalizaron en 2004, apenas tres años antes del estallido de una crisis que ha ido haciendo menguar o desaparecer gran parte de los certámenes.
Con la ampliación ya finalizada, Juste abandonó la dirección general para dejar paso a Carlos Vargas, quien trabajaba para el arquitecto José María Tomás, responsable de la ampliación del recinto ferial. Feria Valencia vivió su etapa más convulsa con el nuevo compañero de viaje de Catalá. Los dos, junto al secretario general, Enrique Calomarde, fueron investigados por sus continuos viajes a Colombia, Chile o Brasil, siempre en hoteles de lujo y supuestamente a costa de la institución ferial, aunque sin consecuencias penales.
Está por ver, sin embargo, el resultado del otro punto negro de la gestión de Catalá: los trabajos de Feria Valencia con la trama Gürtel a través de Orange Market. El juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) solicitó, a petición de la Fiscalía, aclaraciones a la institución ferial este pasado verano tras detectar un pago de 1.438.400 euros a la empresa de Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Previamente Feria Valencia envió al juzgado dos facturas con Orange Market por valor de 580.000 euros y 458.000 euros relacionadas con unos «servicios» prestados en torno a la precampaña de Feria Valencia Habitat 2008. El Fiscal pidió aclaraciones porque las cantidades no cuadran.
Mientras, la actividad ferial languidecía en paralelo a la crisis económica y el recinto se desengraba. A finales de 2010 anunció un ERE para un tercio de su plantilla, 106 empleados, y en junio de 2012 aprobó un recorte generalizado de salarios de hasta un 28%. Ahora se prepara otro ajuste de plantilla.
A falta de ver cómo se resuelve el frente judicial que todavía tiene abierto, la principal ocupación de Alberto Catalá será ahora enderezar el rumbo de su empresa textil. Ése es el motivo oficial por el que deja la presidencia de Feria, si bien es cierto que los problemas de su empresa vienen de atrás. Hace apenas ocho meses, a principios de año, no tuvo problemas en compaginar la presidencia de la feria con la condición de efímero consejero del Banco de Valencia mientras CaixaBank preparaba su absorción.
La feria que deja Catalá está en plena reconversión para ser viable. Cuestiones que hace meses eran implanteables, como el alquiler permanente de algunos pabellones o la fusión de sus dos certámenes de bandera (Hábitat y Cevisama) son hoy realidades que sirven como ejemplo de la filosofía de los nuevos gestores: todo está en revisión para que Feria Valencia recupere el sitio que le corresponde en la economía valenciana.
Por eso es previsible que la llegada de José Vicente González sea el impulso definitivo para impulsar cambios más profundos que ya se están gestando. El primero será aclarar la naturaleza jurídica de una institución que en los últimos meses ha sido el campo de batalla político entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, que no se siente a gusto cargando con los más de 570 millones de euros de deuda fruto de la ampliación de un recinto en el quien manda es la presidenta del patronato.
Después vendrá la partición de la empresa en dos sociedades (una para la deuda y el inmueble y otra para gestionar el negocio propiamente ferial), el aval de la Generalitat a un crédito de tres millones para resolver las tensiones de tesorería que le han obligado a dejar de pagar algunas nóminas y el mencionado ajuste del plantilla.
Cambios demasiado drásticos para un presidente que ha sido parte del problema y que lleva tiempo siendo ampliamente cuestionado desde el ámbito empresarial. Ante ese escenario, Alberto Catalá, como durante los últimos meses, se ha marchado sin hacer apenas ruido. Y sin dar explicaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario