La Fiscalía reclamará 600.000 euros de responsabilidad civil a la infanta
El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, va a reclamar a la infanta Cristina por responsabilidad civil una cuantía en torno a 600.000 euros, la mitad de lo recibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007. La tesis de Anticorrupción para reclamar este dinero es que la hija del Rey, aun en el caso de que ella no fuera procesada o condenada por delito alguno, sería beneficiaría a título lucrativo de unos fondos en su origen malversados por otro, un socio.
Los abogados de la infanta, sabedores de que la Fiscalía iba a reclamar una cantidad a su cliente aunque quede penalmente a salvo de este proceso, valoran la posibilidad de anticiparse y consignar parte o toda la eventual cantidad para evitar que ella pueda quedar implicada en el juicio contra su marido. De esta forma, evitaría ser representada por un letrado como responsable civil indirecta.
La petición de los 600.000 euros estará recogida en el escrito de acusación del caso Nóos que está elaborando la Fiscalía con el objetivo de terminar la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen.
Horrach, aunque no ve delito fiscal en la actuación de la infanta, sí que comparte el criterio del juez José Castro de que a la duquesa se le podría aplicar el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación".
Según consta en el sumario, 1,2 millones de euros procedentes de las administraciones baleares y valencianas terminaron en la empresa de los duques de Palma desviados desde el insitituto Nóos. La Fiscalía considera que ese dinero es de procedencia ilícita y por eso reclama la mitad del mismo a la infanta, ya que no consta que Aizoon realizara ningún trabajo real para la fundación que presidía Iñaki Urdangarin y cuyo vicepresidente era Diego Torres.
Los datos obrantes en la causa apuntan a que Aizoon, junto a otras empresas del entramado Nóos, realizó falsos trabajos de asesoría para la fundación. Anticorrupción entiende que esta estratagema solo tenía como objetivo encubrir el desvío sistemático de fondos públicos a bolsillos privados.
La Audiencia Provincial el pasado mayo fijó en torno a 6 millones de euros la fianza civil compartida para Urdangarin y Torres. En un principio el juez José Castro había fijado esa caución en 8,2 millones, pero la Audiencia la redujo a 6 tras descontar el IVA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario