A partir de las 9:00 horas de este miércoles se decide en el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma el futuro judicial de Ana Torroja. Acusada por la Fiscalía anticorrupción y por la Abogacía del Estado de tres delitos fiscales, la cantante podría enfrentarse a varias penas de prisión – dos de 9 meses cada unasolicitadas por el fiscal Juan Carrau y otra de 3 años y 3 meses pedida por la Abogacía del Estado–, así como a una multa de hasta 1,3 millones de euros, que es la fianza civil que estipuló para ella el juez del caso, Antoni Garcías en abril de 2009. Desde RLM, su agencia de representación, han preferido no hacer declaraciones al respecto a Vanitatisasegurando que “ahora no pueden hablar de ella porque no está trabajando. Ni está de gira ni está en ningún programa de televisión. Todo lo que no tenga que ver más allá de su faceta como artista a nosotros no nos respecta y menos sobre temas judiciales de los que no conocemos nada”.
No obstante, Ana Torroja no tiene la partida completamente perdida. Podría negociar aún una salida digna para este entuerto en el que se vio envuelta en 2007, cuando se iniciaron las pesquisas de la investigación de la ‘operación Relámpago’. La cantante llegó a un principio de acuerdo para eludir la cárcel con la Fiscalía Anticorrupción, que le acusaba de cometer dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios de 2006 y 2007, y por los que se enfrenta a una pena de 18 meses de cárcel y una multa de 462.068 euros. Para firmar el acuerdo y minimizar la dureza de la condena, Torroja reconoció la autoría de dichos delitos y se comprometió a abonar las cantidades supuestamente defraudadas.
La cantante en los Premios Cadena Dial 2011 (Gtres)La cantante en los Premios Cadena Dial 2011 (Gtres)Pese a este paso, la Abogacía del Estado no quiso sumarse al pacto, por lo que este finalmente no llegó a cerrar. En su caso, la Abogacía le reclama un tercer delito de omitir supuestamente el pago de las cuotas de IRPF de 2001, 2002, 2003 y 2004, ocultando presuntamente para ello sus rentas en cuatro sociedades extranjeras en las Antillas holandesas, Holanda y Panamá y en cuatro españolas. Una actividad en la que habrían participado, según el ministerio público, los asesores fiscales Gabriel Feliu y Octavio Fernández, y por la que la artista tendría que hacer frente a una responsabilidad civil de 872.835,27 euros, incluidos intereses de demora y costas.
El juez se encargó de que los acusados abonasen previamenteuna fianza de dos millones de euros en concepto de posibles responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse del proceso y que corresponden al triple de las cuantías presuntamente defraudadas a la Hacienda Pública.
La trama en la que se ha visto envuelta Ana Torroja es una pieza separada de la ‘operación Relámpago’, que centró su atención en el bufete de abogados Feliu en el marco de una investigación por corrupción. A raíz de un registro realizado en el citado despacho, la policía tuvo acceso a cierta documentación relacionada con una de las sociedades de la cantante, Carlito's Way, creada el 11 de abril de 2001. Esto obligó en 2007 a la Agencia Tributaria de Baleares y al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional a registrar la sede de Sony Music Entertainment España en Madrid, donde se incautó nuevo material referente a los movimientos de dinero de Ana Torroja, que dejarían al descubierto un supuesto fraude a la Hacienda Pública que, a partir de este miércoles, se discutirá en los juzgados si finalmente ambas partes no llegan a un acuerdo conciliador previo.