Las víctimas del metro llenan la plaza en el octavo aniversario de la tragedia
El colectivo pide a Fabra que "rectifique" y "reconozca errores" en la gestión siniestro - Varios cientos de personas se reúnen en la Plaza de la Virgen como cada 3 de julio para recordar a los fallecidos en el accidente
Las víctimas de accidente del metro en Valencia del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, han pedido hoy al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que "rectifique" y "reconozca los errores" del Gobierno valenciano en la gestión del siniestro.
Familiares y víctimas se han vuelto a concentrar esta tarde, como cada día 3 de cada mes desde hace ocho años, en la Plaza de la Virgen de Valencia para reclamar una "respuesta" sobre las causas del mayor accidente de metro ocurrido en España.
"96 meses reclamando que se asuman responsabilidades y se pida perdón", ha recordado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, Beatriz Garrote.
El acto se ha abierto con la actuación de varias "muirexangas" procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y los asistentes han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas.
A continuación se ha leído un manifiesto en el que una de las víctimas que resultó herida en el siniestro ha rememorado como el 3 de julio de 2006 su vida "cambió bruscamente", y como después de pasar varios meses en coma "ya nada ha vuelto a ser igual".
"Desde el primer momento me preguntaba qué había pasado, cómo era posible que el tren fuese tan rápido y empecé a buscar respuestas", ha relatado ante los centenares de personas que se han sumado al acto de protesta.
Ha recordado todo el proceso de la investigación, y ha lamentado que "desde el primer momento la versión oficial echara la culpa al conductor", aunque para ello, ha denunciado, "hubiese que manipular la investigación".
La Asociación de Víctimas del Metro de 3 de julio ha vuelto a pedir una investigación "real" del accidente, que tenga en cuenta todas las circunstancias que lo rodearon, como el estado de la vía y del vagón y la falta de medidas de seguridad, "y que no se centre exclusivamente en la velocidad, que pudo ser consecuencia de fallos mecánicos".
La asociación exige asimismo que los responsables "asuman su responsabilidad" y se pongan los medios para que "no vuelva a pasar".
Al Gobierno Valenciano le ha reprochado que "en ningún momento haya cuestionado" la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, "que no empleó los medios de los que disponía para evitar el accidente", "ni la mala gestión de FGV posterior al accidente".
Como "momentos buenos" de estos ocho años, ha recordado los numerosos premios recibidos por la asociación, las exposiciones, obras teatrales inspiradas en esta tragedia, documentales y el apoyo de numerosos colectivos y ciudadanos que han hecho "más llevadera" su lucha.
"Dejamos de ser 'los olvidados' para ser miles y miles de personas las que exigimos una investigación del accidente, real y sin vetos ni direccionamientos", ha señalado.
Ha manifestado también la satisfacción del colectivo porque, por primera vez, "se debate en un juzgado la responsabilidad de Ferrocarrils de la Generalitat en la falta de medidas de seguridad que llevaron al vagón a descarrilar".
"A pesar de las reticencias de la jueza instructora a reabrir la investigación, esta fase de la instrucción judicial está sirviendo para sacar a la luz muchas de las irregularidades cometidas por FGV antes y después del accidente", ha señalado.
AVM3J ha recordado que ha pedido al director de FGV, a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que "aplique medidas disciplinarias" sobre el jefe del taller durante el accidente, Luis Domingo Alepuz, por "mentir" sobre la necesidad de leer los datos de la caja negra en las instalaciones de Ferrocarrils y el "borrado" de los mismos.
"Ahora le toca a los políticos mover ficha", ha insistido la asociación, para quien "no es válido" que el director gerente de Metrovalencia, Pablo Cotino, "evada su responsabilidad diciendo que no le corresponde asumir decisiones en base a aspectos pendientes de resolución judicial" cuando lo que se le pide es "una sanción administrativa".
"Mientras ellos hablan de sentencias y archivos judiciales, nosotros hablamos de ética, de moral, y de decencia en la gestión política", ha concluido.
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