El fiscal dice que la Generalitat Valenciana hizo ´uso arbitrario del poder´ al adjudicar a Urdangarín los Summit

Anticorrupción cree que las autoridades tomaron «decisiones injustas» para que los socios de Nóos se enriquecieran

EUROPA PRESS | La Fiscalía Anticorrupción apunta, en un escrito de 72 páginas, al «ejercicio arbitrario del poder» por parte de las autoridades de Baleares y la Comunitat Valenciana para que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su exsocio Diego Torres, pudieran «enriquecerse» como adjudicatarios «a dedo» de los proyectos Illes Balears Forum y Valencia Summit, que costaron a las arcas públicas un total de 5,9 millones de euros.

«La causa principal de los contratos administrativos nunca puede ser el enriquecimiento del adjudicatario, sino el quehacer útil y oportuno para la causa pública», subraya el fiscal Pedro Horrach en su informe de alegaciones, presentado esta semana en el marco del caso Nóos.

En este sentido, el representante del Ministerio Público recalca cómo los responsables de las Administraciones públicas, «de común acuerdo» con Urdangarin y Torres, tomaron decisiones administrativas «arbitrarias e injustas», en tanto que fueron adoptadas «al margen del preceptivo expediente administrativo, toda vez que la apertura del mismo hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar» a ambos exsocios.

Mediante su escrito, el fiscal se opone a los recursos interpuestos por varios imputados del caso Nóos contra el mantenimiento de su imputación en la causa. De este modo, solicita a la Audiencia Provincial de Baleares que se mantenga en pie el proceso penal contra Urdangarin, Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, los hermanos de ésta, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

3,6 millones en Valencia

Tal y como incide Horrach en su escrito, los contratos y convenios de colaboración investigados en esta causa, y que dieron lugar a la celebración de dos foros sobre turismo y deporte en Palma (en 2005 y 2006, por 2,3 millones de euros) y de los de Valencia (en 2004, 2005 y 2006, por 3,6 millones), fueron «fruto de una actividad delictiva premeditada» y el resultado de decisiones administrativas «arbitrarias cuya finalidad era beneficiar económicamente a personas concretas».