El juez imputa a todo el consejo del Banco de Valencia por delitos de falsedad contable

Pedraz acusa a la antigua cúpula del banco por las cuentas de 2009 - Entre los trece imputados se encuentran los exdirectivos Olivas, Parra, Tirado y Aznar - También está imputado el socio auditor de Deloitte

 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado la imputación de los 13 antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que investiga por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.

La medida afecta al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; junto a otros destacados miembros de la sociedad valenciana . También está imputado el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.

Pedraz, que ha adoptado esta decisión en la pieza principal en la que investiga el Banco de Valencia, se ha basado en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año.

El resto de los imputados son los consejeros Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra y Pedro Muñoz y el auditor Miguel Monferrer.

Pedraz ha acordado las imputaciones a petición de la Fiscalía y basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) fechado el pasado mes de agosto en el que se analizaba la documentación analizada por el Banco de España sobre sus actividades de supervisión de la entidad desde el año 2007.

Así, el auto señala que los informes de inspección del supervisor respecto a los estados financieros de la entidad a 30 de septiembre de 2008 ya mencionaban "numerosas deficiencias en la gestión de riesgo del crédito".

Éstas se referían, concretamente, de la toma de decisiones con el objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, y estimaba un déficit específico de provisiones de 177 millones.

"Quiere decir esto que resulta pertinente y necesario ampliar la inicial imputación de falsedad contable al ejercicio anterior al terminado el 31 de diciembre de 2010", señala el juez, que añade que tanto si el cálculo del Banco de España es correcto como si el "efecto negativo en resultados" es incluso superior al señalado, los consejeros y el auditor "deberán dar explicaciones".

El juez ordena en su auto al Banco de España que explique "cómo se ha obtenido el exceso de provisión genérico por un importe de 308,54 millones de euros" con el que, según un informe del supervisor de julio de 2010, "se compensa el déficit de coberturas de 420,41 millones".

También le pregunta si las "anomalías" detectadas en las bases de datos y ficheros del Banco de Valencia "podrían estar relacionadas con la reclasificación a activos dudosos por 141 millones de euros y el ajuste de la provisión por insolvencias por 233 millones".

Por otra parte, Pedraz ha admitido a trámite una nueva contra antiguos responsables del Banco de Valencia y de Bancaja, entre ellos Olivas y Parra, por un presunto delito de apropiación indebida en relación con el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario alicantino Ramón Salvador.

A raíz de la querella, que fue interpuesta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el magistrado imputa a los tres citados, al exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo, al expresidente de Bancaja Hábitat, José Cortina; y al exdirector de participaciones inmobiliarias de Banco de Valencia Alfonso Monferrer.

También resultan imputadas las sociedades Residencial Mira Llevant y, estas como responsables civiles, Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.

La querella del FROB detalla actuaciones que habrían supuesto un perjuicio de al menos 120 millones de euros a Banco de Valencia y Bancaja, que concedieron un total de 631 millones en préstamos al grupo de Salvador.