El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por la ocupación en verano de 2012 de la finca militar sevillana Las Turquillas.

El fallo judicial, notificado hoy y al que ha tenido acceso Efe, considera al también alcalde de Marinaleda autor de un delito de usurpación de inmueble y de otro de desobediencia grave a la autoridad e impone estas mismas penas al portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

El alto tribunal andaluz, con sede en Granada, absuelve a ambos del delito de daños del que también estaban acusados, pero los condena, junto a otros tres procesados, a que indemnicen por vía de responsabilidad civil al Ministerio de Defensa en 760 euros por los daños y perjuicios causados, así como por losgastos de limpieza en la finca.

Asimismo absuelve a Sánchez Gordillo, Cañamero y los otros tres condenados del delito de daños que se les imputaba por la acusación particular (Abogacía del Estado) y les condena a todos ellos por vía de responsabilidad civil a que indemnicen al Ministerio de Defensa en 760 euros por los daños y perjuicios causados durante la ocupación.

En su sentencia, el TSJA considera como hechos probados que el 24 de julio de 2012 se concentraron en la finca Las Turquillas -perteneciente a la Yeguada Militar y destinada a la cría caballar- unas quinientas personas convocadas por el SAT, sindicato que había adoptado el acuerdo de ocuparla y permanecer en ella mientras no se consiguiera la cesión de su explotación.

Los asistentes se dirigieron hacia la portada y seguidamente personas "no identificadas" del grupo rompieron un candado y una cadena que cerraba las dos hojas metálicas, accediendo a la finca.

Al frente de la comitiva figuraban Diego Cañamero, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Juan V. L. y José R. N., quienes señalaron a un guardia civil que pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y querían entrevistarse con los responsables de la Yeguada Militar.

Un capitán de la Guardia Civil les advirtió de que estaban realizando una acción "ilegal" y debían desalojarla y desistir de su intención, si bien -ante la negativa del grupo- éste ordenó a los agentes que no intervinieran para evitar mayores alteraciones.

Después de que algunos de ellos se entrevistaran con el capitán jefe del Acuartelamiento, los congregados acordaron instalarse en la finca y desplegaron un campamento formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña para pernoctar.

"Desatendiendo expresamente" los requerimientos de los responsables de la finca para que no la ocupasen o la abandonasen "cuanto antes" de forma voluntaria, los acampados hicieron por el contrario diversas actuaciones en los días sucesivos, que propiamente correspondería llevar a cabo a sus titulares.

La sentencia recoge que desde el 24 de julio al 9 de agosto se apoderaron de algunos utensilios de labranza y de otros materiales y, entre otros daños, destruyeron azulejos rústicos de cerámica, fracturaron sistemas de guarda y anclaje de un pozo e impidieron el paso de una máquina retroexcavadora del Ministerio de Defensa.