Génova entierra las reivindicaciones históricas del PP de la Comunitat

LAS PROVINCIAS.- Los diputados valencianos en Madrid se pliegan a las directrices del partido sobre financiación, inversiones, el IVA de las fallas y las prospecciones petrolíferas

El poder político está en Madrid, ya sea en la Moncloa o en la carrera de San Jerónimo, y unas veces llega desde la calle Ferraz y otras desde la calle Génova. Da igual de donde proceda, porque cualquiera de los dos partidos que han gobernado el país en las últimas tres décadas han actuado de la misma manera: sostener al Gobierno y sus decisiones y procurar que ninguna iniciativa pueda distorsionar el trabajo y la planificación del Ejecutivo.

Quizá por ello los diputados y senadores elegidos por sus conciudadanos para defender los intereses valencianos en la capital del Estado se paralizan ante el despliegue de control que realizan los aparatos de los partidos. Y eso sucede, en especial, cuando la principal tarea de la formación política es la de apoyar al Gobierno. Desde la oposición suele ser más fácil el juego parlamentario porque se busca el desgaste de los inquilinos de los escaños azules.

Así las cosas, casi año y medio después de que el PP ganara por mayoría absoluta las elecciones del 20 de noviembre de 2011 se ha puesto en evidencia que las reivindicaciones de las que han hecho bandera los populares en la Comunitat Valenciana en las dos últimas legislaturas no es que se hayan quedado en el olvido, sino que Génova las ha enterrado y los parlamentarios valencianos del PP se han plegado a las directrices del partido y del grupo parlamentario.

Así, por ejemplo, persiste el problema del agua y lejos de empezar a encauzarse con un Ejecutivo heredero del que inició las obras del trasvase del Ebro, la número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha empezado a cerrar el grifo del río Tajo hacia el Segura. Una declaración de intenciones en forma de memorándum, firmado por Murcia y la Comunitat, ha sido la respuesta que no ha encontrado el respaldo del Ejecutivo central.

De la misma manera, dotar a los valencianos de una financiación autonómica justa sigue sin empezar a discutirse y cuando se ha planteado en el Congreso, se ha desestimado. Tampoco se han paralizado los permisos de las prospecciones petrolíferas aprobadas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para ejecutarse cerca de las islas Columbretes, ante la Albufera y en la Safor, que tanto criticaron los populares valencianos los últimos años.

Otra de las reivindicaciones de la Comunitat, la construcción del corredor ferroviario mediterráneo para pasajeros y mercancías que mejore la actual vía de comunicación, se sustituirá, de momento, por un tercer carril, y se dejará para más adelante la construcción de la nueva infraestructura. La UE da de plazo hasta 2030. Además, la inversión del Gobierno en la Comunitat ha caído un 35%.

Aunque quizá lo que más ha llegado a la ciudadanía ha sido cómo se han plegado los parlamentarios valencianos del PP a la hora de decidir que no se va a reducir el IVA en la construcción de monumentos falleros, después de que en julio del año pasado el Gobierno aprobara elevar el tipo impositivo al 21%. Esto sucedió en la Comisión de Cultura del Congreso celebrada el pasado martes. La propuesta fue del diputado de Compromís, Joan Baldoví, y consistía en dejar ese impuesto al 8%. Ascensión Figueres, diputada del PP por Castellón y anterior presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, y Macarena Montesinos, parlamentaria popular por Alicante y uno de los significados apoyos de Eduardo Zaplana, fueron dos de los 23 votos contrarios del PP que contabilizó la propuesta de Baldoví en la Comisión de Cultura. Toni Cantó, diputado de UPyD por Valencia, se abstuvo porque la consideró «localista y corta». Las diputadas populares callaron. Habló por ellas la leonesa Aránzazu Miguélez, que mostró no saber qué son las fallas. «Si se hacen excepciones con Valencia también podrían hacerse con los carnavales de Cádiz y de Canarias o con la Feria de Abril de Sevilla», dijo.

El PP valenciano tuvo problemas para explicar la postura de los suyos en el Congreso. El portavoz del PP en Les Corts y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, dijo que negociaban directamente con el Ministerio de Hacienda la aplicación del IVA reducido. Francisco Lledó, concejal y diputado provincial, defendía que la propuesta de Compromís era una trampa porque no hacía referencia al monumento sino a toda la fiesta y la alcaldesa Rita Barberá calificó de «oportunismo político tramposo» la propuesta de Baldoví e indicó que su equipo trabaja junto a Hacienda «para intentar hacer una situación de excepción el IVA de las fallas».

El de Compromís parece que tiene estudiada la estrategia con la que dejar en evidencia a los diputados nacionales del PP por la Comunitat. y cerró su semana parlamentaria en el Congreso ocasionando otra decisión controvertida de los populares hacia los intereses de la Comunitat: la Comisión de Industria rechazó el jueves instar al Gobierno a retirar los permisos de las prospecciones petrolíferas y de gas en toda la costa mediterránea. Los exconsellers Belén Juste y Mario Flores, diputados del PP por Valencia y Alicante, respectivamente, votaron a favor de que se puedan realizar esas prospecciones a las que dio el visto bueno el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contra las que pelearon, incluso en los tribunales, la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia y Gandia.

La decisión, que se debatió la semana pasada, se votó este jueves. Tres días antes el Tribunal Supremo había dado legitimidad a las prospecciones en busca de oro negro en la costa mediterránea. Las empresas que van a trabajar en la zona ya se comprometieron a realizar los estudios a 40 kilómetros de la costa, para que la posible afección al litoral disminuya al máximo.

Una de las promesas electorales del PP de cara a las últimas elecciones generales fue desbloquear el plan del Cabanyal para permitir la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar en Valencia. Al menos a eso se comprometió Esteban González Pons, cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, en plena campaña. La número dos de Mariano Rajoy en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el pasado mes de julio al equipo municipal de Valencia que buscaría una solución política con el fin de desbloquear el problema del Cabanyal. Supuestamente iba a ser una respuesta rápida, aunque por el tiempo transcurrido la solución no está siendo tan veloz

En aquellos comicios Mariano Rajoy logró en la Comunitat un respaldo de 1.388.097 votos, un 53,3% de los votantes, mientras que en el conjunto de España el pontevedrés obtuvo 10.795.364 sufragios, un 44.6%. El apoyo obtenido por el actual presidente del Gobierno fue porcentualmente muy superior en las tres provincias que en el resto de España.

Y a pesar de ello la mayor contribución del Ejecutivo a la Comunitat es prestar dinero a casi un 6% de interés para la subsistencia de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómico y del Plan de Pago a Proveedores. Génova no dejó huecos relevantes para los valencianos en el primer y segundo escalón -la excusa fue que planeaba la sombra de la corrupción- ni tampoco un tratamiento cariñoso para la Comunitat en los presupuestos para 2012 y tampoco en los del año en curso. Todo lo contrario: se produjo un recorte en la inversión estatal en la Comunitat de un 35%, pues se ha pasado de una previsión inversora de 1.008 millones de euros a 654. La inversión media del Gobierno en el conjunto de autonomías se contrajo menos de la mitad que en la valenciana, un 16%.

A pesar de las reclamaciones realizadas desde la Generalitat y desde el PPCV al pedir una mejora de la insuficiente financiación autonómica que sufre la Comunitat -las exigencias se iniciaron con fuerza en la anterior legislatura-, el Ejecutivo central todavía no ha abordado en serio el asunto y el Consell ya ha mostrado su incomodidad con ese retraso.

Los diputados nacionales del PP elegidos por la Comunitat han tenido ocasiones de sobra para pronunciarse desde su escaño sobre la mejora de la financiación. El 25 de junio del año pasado se abordó en la Cámara Baja una proposición presentada por el diputado socialista Ximo Puig para que la Generalitat incremente sus percepciones. El PP en bloque, parlamentarios valencianos incluidos, votó en contra. También Les Corts reclamó la revisión de la LOFCA, la ley sobre la financiación autonómica, y se determinó que el asunto se abordara el pasado 9 de octubre. El Parlamento valenciano, tras la caída de Rafael Blasco como portavoz del PP, pidió que aplazase el debate en vista de que no parecía ser el momento más adecuado.

El socialista Ximo Puig también presentó enmiendas a los presupuestos estatales para 2013, después de que el presidente Fabra anunciase en Les Corts que iba a reclamar más inversiones por 140 millones de euros. Los populares valencianos no presentaron enmiendas a los presupuestos y votaron en contra de las que reclamó el diputado socialista castellonense. Hace pocas semanas Puig volvió a las andadas y presentó otra proposición no de ley reclamando mayor inversión. Se abordará posiblemente en junio. Los diputados populares valencianos, cansados de la situación, quieren consensuar con el ministro Montoro una propuesta alternativa para dejar en manos de la Comisión de Política Fiscal y Financiera la discusión.

Desde el PPCV y las organizaciones empresariales se reclama al Gobierno que acabe con la infrafinanciación de la Comunitat -1.000 millones de euros anuales más para que se sitúe en la media española- y exigir también -ahora los populares se lo piensan- que el Gobierno afronte los 11.000 millones de euros de deuda histórica que en el verano de 2011 ya empezó a exigir Alberto Fabra cuando apenas terminaba de aterrizar en el Palau de la Generalitat. El pasado 10 de abril el número dos del PPCV, Serafín Castellano, realizó una encendida reivindicación al Gobierno central. Afirmó que la Comunitat aporta un plus a España: que los valencianos se sienten tan españoles como valencianos, «y eso se debe reconocer». También afirmó que «reivindicación no significa ruptura», pero advirtió de que «lealtad no es sumisión».