Y DE CINCO EXCONSEJEROS DE LA JUNTA

Alaya pide la imputación de Chaves y Griñán por la estafa de los ERE socialistas

La jueza del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido la imputación de los expresidentes andaluces Griñán y Chaves.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha dictado un auto este martes en el que comunica a los expresidentes de la Junta José Antonio GriñányManuel Chaves que hay abierto un procedimiento en el que podrían resultar imputados, acogiendose al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya también comunica la misma situación a los exconsejeros de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.

La juez Alaya ha esperado a la toma de posesión de la nueva presidenta para adoptar esa decisión y Susana Díaz parecía saberlo puesto que ha eliminado a todo el equipo de gestión económica de José Antonio Griñán y Manuel Chaves de su nuevo gobierno.

Aunque la juez confiesa que no puede imputarlos formalmente a causa de su aforamiento, sí se atiene a la jurisprudencia para preservar los derechos de los señalados de un modo u otro en el procedimiento, especialmente en el caso de los aforados. De hecho se refiere a una decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla para permitir a estas personas defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarlos. En cualquier paso, resulta obvio que el auto de la juez es un paso previo a la imputación.

Una década de Junta de Andalucía

Con esta decisión, la juez Alaya ha decidido la imputación de la cabeza económica y política de la Junta de Andalucía durante una década. Con esto han acertado quienes consideraban que la imputación de todos ellos era de libro, esto es, que no podía evitarse en modo alguno dados los hechos.

Aunque se desconocen los detalles, es sabido que el ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, ratificó en su declaración como imputado ante la juez que investiga el escándalo de los ERE el pasado 24 de julio, el contenido de la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia. En ella confirmaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

A pesar de todo, y a pesar de haber advertido en más de 15 ocasiones a los gobiernos de Manuel Chaves siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda, el ex interventor fue imputado por dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos ya que autorizó modificaciones de crédito presupuestario ya antes de 2001.

Una comparecencia clave

La juez dio por sentado en esta comparecencia que Griñán había conocido las advertencias de la Intervención cuando fue consejero de Hacienda. En la introducción de una de las preguntas que formuló al exinterventor Manuel Gómez dijo textualmente: "Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía". Posteriormente, el exinterventor ratificó todas sus anteriores declaraciones: la que hizo al Parlamento en la comisión de investigación hace un año y la carta que envió al presidente de la cámara en la que hacía las declaraciones más explosivas y en la que acusó a Griñán y a Carmen Martínez Aguayo de "cebar sin descanso la partida presupuestaria de los ERE".

Además, el exinterventor ha indicado que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz, cuyo presidente desde 2000 a 2009 fue Manuel Chaves, y que "era impensable" que Griñán "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.

Por ello, concluía el exinterventor imputado que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.

La Junta de Andalucía entonces presidida por José Antonio Griñán temía la declaración de Gómez Martínez, que no quiso asumir el papel de chivo expiatorio que le asignó el PSOE en el caso de los ERE. Su declaración es clave para la situación procesal de muchos de los imputados y especialmente decisiva en el caso de algunos exconsejeros y del propio José Antonio Griñán. La Junta pidió aplazar el recurso contra las últimas imputaciones, incluida esta declaración, en una maniobra que haría retrasar la instrucción. Se da la circunstancia de que desde al Junta han venido criticando la "tardanza" de Alaya en las últimas semanas.