El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, se comprometió ante la Intervención General del Estado a devolver en diez años los 77.000 euros que había cobrado de manera ilegal como sobresueldo. El responsable, uno de los denunciados por la Fiscalía por supuestos delitos de malversación y prevaricación, llegó a admitir ante una interventora del organismo auditor «que estaban haciendo las cosas mal».
La conversación se produjo tras un informe de la Intervención General del Estado relativo a la empresa Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A. El estudio controlaba la gestión de la firma durante los ejercicios de 2009, 2010 y 2011. Se trata de una sociedad creada en su origen para potenciar el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Esta firma se nutre exclusivamente de dinero público y está participada, casi en su totalidad, por la propia Autoridad Portuaria.
Aznar ocupaba el puesto de consejero delegado en la citada sociedad a la vez que presidía la APV. La Ley de Incompatibilidades le impedía cobrar cantidad alguna por asistir a las reuniones como consejero delegado. Exactamente igual sucedía con los otros denunciados por el Ministerio Público, tal y como ya informó este periódico, Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual. El primero era el director general y el segundo el director técnico. Ambos tenían una cláusula de exclusividad con la Autoridad Portuaria. De hecho, ocupan el puesto de director de Planificación Estratégica y responsable de Infraestructuras, respectivamente.
El compromiso de Aznar de reintegrar estas cantidades, tal y como se reconoce en la denuncia, englobaba también a los otros dos directivos denunciados. También ellos se embolsaron unos 77.000 euros. El cuarto denunciado por el Ministerio Público es un trabajador de la firma, Antonio Morales, que cobró 23.000 euros por la prestación de servicios que eran incompatibles con su empleo en la firma. A todo lo anterior hay que añadir que la empresa es deficitaria.
Dos interventores acudieron a declarar en Fiscalía durante las Diligencias de Investigación Penal que se abrieron a raíz de una denuncia anónima. Al menos una está citada a declarar, en este caso ya ante el juez, el próximo 1 de octubre. Fue en esa declaración donde ratificó el informe y, además, reveló el compromiso del propio presidente de devolver ese dinero.
¿Se ha devuelto el dinero?
La Intervención General del Estado, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, está todavía pendiente de comprobar si los ahora denunciados están devolviendo el dinero en un plazo «que ellos mismos fijaron». El escrito de denuncia llama la atención sobre este punto, un periodo de tiempo que resulta «incompatible con la rectitud que debe presidir el destino y utilización de fondos públicos».
Además, hay otro dato relevante que invita a pensar que efectivamente las irregularidades eran conocidas por los denunciados. Tal y como señala la interventora, tras el informe y la conversación con Aznar, «se suprimieron los abonos y la figura del consejero delegado». Es decir, la estructura de Valencia Plataforma cambió a una comisión ejecutiva tras la advertencia de las irregularidades.
El documento, al igual que otros procedentes del mismo organismo, forma parte de la documentación remitida ya al juzgado de Instrucción número 14 de Valencia. También allí figuran otros informes de la Intervención General del Estado en el que se pone bajo sospecha que Aznar cumpliera con su obligación, como presidente de la APV, de velar por los fondos públicos que el Estado pone a su disposición. Aparte, la Fiscalía ha encargado otros estudios acerca de las adjudicaciones.
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