Los autores del chivatazo a ETA del Faisán se sientan en el banquillo

El 4 de mayo de 2006, la cúpula policial de Zapatero alertó a ETA de una redada

Los autores del chivatazo a ETA del Faisán se sientan en el banquillo

play

Imágenes que muestran al inspector Ballesteros saliendo y entrando del bar Faisán.

• En el momento en que se produjo el chivatazo, al frente del Ministerio del Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba y su mano derecha era Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad. 
• El 4 de mayo de 2006, alguien alertó a ETA de que se ultimaba una redada
• Y esa persona avisó a Elosua, responsable del entramado de extorsión etarra
• Serán juzgados el ex jefe superior de Policía vasco y el inspector Ballesteros, de la cúpula policial socialista
• La vía judicial no ha logrado resolver la gran duda: ¿quién dio la orden?

Aquel 4 de mayo de 2006, alguien alertó a la organización terrorista ETA de que se ultimaba una gran redada franco-española contra el entramado de extorsión etarra. Y ese alguien alertó por teléfono al dueño del bar Faisán, en Irún, Joseba Elosua, uno de los principales responsables de este entramado.

Hoy, por fin, y después de pasar por manos de tres jueces de instrucción durante más de siete años, se iniciará el juicio contra los presuntos autores de la delación.  En el banquillo se sentará el que fuera jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, destinado en aquellas fechas en Vitoria, la lucha contra el terrorismo islamista.

¿Quién dio la orden?

A Ballesteros le filmaron las cámaras policiales entrando y saliendo del bar Faisán en la franja horaria en que se presume que se cometió el chivatazo. En esa franja horaria, el seguimiento telefónico entre Pamies y Ballesteros es otra de las pruebas de cargo contra ellos.

Pero la gran duda que queda por resolver es quién dio la orden. Dos policías no llevan a cabo una actuación de este calibre si no es siguiendo instrucciones de altos mandos. Así lo sostiene cualquier policía. La responsabilidad política está por esclarecer y en el juicio que hoy se inicia en la Audiencia Nacional es poco probable que se arrojen luces.

En el momento en que se produjo el chivatazo, al frente del Ministerio del Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba y su mano derecha eraAntonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad. Junto a ellos,Víctor García Hidalgo, director general de la Policía y mando directo de Pamies. García Hidalgo estuvo en el punto de mira de las pesquisas judiciales, pero su acusación no se concretó.

El chivatazo se produjo en el momento en que el presidente del Gobierno socialista de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía abierto el mal llamado proceso de paz con ETA, cuando estaba sentado en la mesa con los terroristas. Y se produjo el mismo día en que iba a recibir al entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien tenía intención de darle un espaldarazo a su política antiterrorista de hablar y pactar con los etarras. En la operación contra el entramado de extorsión etarra que trató de evitar el chivatazo, estaba previsto detener a un dirigente del PNV (ya fallecido) por su presunta implicación en la trama.

Ahora, más de siete años después se juzgará una causa, un sumario que ha tenido un proceloso camino judicial. Ha pasado por manos de tres jueces instructores que imprimieron diferente ritmo a las pesquisas. Fue Fernando Grande Marlaska quien puso en marcha las pesquisas para tratar de esclarecer la delación, porque era él quien estaba a punto de actuar contra la trama de extorsión etarra. Este magistrado había cogido velocidad de crucero e impulso y ganas por resolverlo, incluso el plano político.

Después, el caso fue a manos de Garzón, quien acumuló datos e información pero no dio pasos. Además, desgajó asuntos importantes de las pesquisas en piezas separadas del sumario que acabaron casi en el olvido. Su condena provocó que el caso llegara a manos del juez Ruz quien, pese a los intentos de torpedear sus pesquisas del juez Gómez Bermúdez, logró llevar a puerto el sumario y procesar y sentar en el banquillo a los ahora acusados. Pero la vía judicial no ha logrado llegar al puerto final ni resolver la gran duda: ¿quién dio la orden
?