La empresa que recibió 3 millones del Puerto de Valencia confirma que contrató a la hija del presidente del puerto, Rafael Aznar

Otro hijo del dirigente portuario también trabaja para la constructora Cyes, que ha participado en grandes obras adjudicadas

La empresa que recibió 3 millones del Puerto de Valencia confirma que contrató a la hija del presidente del puerto, Rafael Aznar

-El juez que investiga las irregularidades en el Puerto recibe varias cajas con documentación para la auditoría de la fundación ValenciaPort 

-Se adjudicó el servicio sin ningún procedimiento, según los informes de la Intervención. La firma contrató a 13 personas. De ellas, diez no reunían los requisitos de mérito y capacidad.

FOTO: El presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar (izquierda), imputado por diversos delitos, junto al Presidente Fabra y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La consultora AT Kearney, que recibió 2,8 millones de euros del Puerto de Valencia por elaborar un plan estratégico, ha confirmado al juez que Cristina Aznar, hija del presidente de la Autoridad Portuaria, trabajó para la firma desde 2009 a 2012.

El magistrado decidió preguntar a la empresa, con sede en Madrid, tras conocer  la vinculación laboral que mantuvo la joven con la firma consultora. La contratación se produjo en fechas muy cercanas a que AT Kearney recibiera el encargo de la dirección del recinto valenciano. La firma, en la respuesta remitida, añade que el contrato actualmente se encuentra suspendido.

Los perfiles de las redes sociales de la joven recogían esta información en su curriculum vitae. Pero esto no es suficiente para una investigación judicial. Por ello, se decidió oficiar directamente a la empresa para que informara al respecto. No es el único caso en la familia Aznar. Otro hijo del dirigente portuario también trabaja para la constructora Cyes, que ha participado en grandes obras adjudicadas por la APV.

El titular del juzgado de Instrucción número 14 pretende ahondar en esta línea de investigación. Así, solicitó recientemente, como ya informó este periódico, la vida laboral de las mujeres y de todos los hijos de los cuatro denunciados por los delitos de malversación y prevaricación. Se trata de descartar otras contrataciones de familiares relacionadas directa o indirectamente con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

La Autoridad Portuaria, por otro lado, ya ha enviado al juzgado parte de la documentación que se le requirió. Sólo falta completar los datos que se reclamaron en una providencia y que podrían llegar en breve. De momento, el juez ha informado a las partes, en un escrito notificado recientemente, que ya tiene en su poder los expedientes solicitados para elaborar la auditoría de la Fundación Valenciaport. El juzgado custodia ya varias cajas de gran tamaño con esta información.

La investigación de esta entidad, de carácter privado, pretende despejar las sospechas acerca de que dinero público -la APV aportó dos millones de euros- se utilizara para pagar clases impartidas por algunos directivos de la institución. Entre la documentación que llegó de manera anónima a la Fiscalía se aludía al pago de 280 euros por hora.

Tal y como explicaron en su día fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado tenía previsto practicar una serie de diligencias antes de citar como imputados a los cuatro denunciados para que ofrezcan explicaciones.

El abogado de uno de los implicados, en concreto el único que no ocupa cargo directivo, ha entregado recientemente en el juzgado un extenso escrito de alegaciones en el que explica por qué considera que no existe delito por parte de su representado. En este caso, sólo le afecta el cobro de sobresueldos durante varios ejercicios desde la empresa Valencia Plataforma Intermodal.

La estrategia de las defensas, que se desprende de este escrito, consistirá en pedir el archivo de las actuaciones una vez declaren los cuatro denunciados. Las fuentes consultadas dan por inevitable que se les cite en el citado juzgado una vez se completen todas las diligencias encargadas por el instructor.

La Guardia Civil acudió recientemente a las instalaciones de la Autoridad Portuaria para recoger diferentes expedientes bajo investigación. Uno de ellos hacía referencia al de una obra adjudicada a MSC, la naviera de referencia de la institución, por 3,5 millones de euros. La Intervención denunció en su día que se incumplieron con los requisitos que debe tener un concurso público.

También se llevaron la documentación relativa al despido de tres jefes del puerto por bajo rendimiento cuando estaban a punto de jubilarse. La empresa llegó a un acuerdo con ellos antes de que se dirimiese el asunto en un juzgado y por el que recibieron unas jugosas indemnizaciones. En total, unos 500.000 euros.

Además, la unidad especializada de la Guardia Civil localizó los expedientes del contrato de Valencia Plataforma Intermodal con una empresa de seguridad. Se adjudicó el servicio sin ningún procedimiento, según los informes de la Intervención. La firma contrató a 13 personas. De ellas, diez no reunían los requisitos de mérito y capacidad.