La Generalitat cortará las emisiones de Canal 9 a final de este mes de Noviembre 

El vicepresidente y responsable del proceso de reestructuración de RTVV, José Ciscar, pidió ayer “disculpas en nombre del Ejecutivo valenciano por las decisiones erróneas que han tomado los Gobiernos del Partido Popular”

Todo el presupuesto del ente para 2014 se dedicará a indemnizaciones

José Ciscar, vicepresidente de la Generalitat, en la rueda de prensa de este viernes. / TANIA CASTRO

El Gobierno valenciano pidió ayer disculpas por los errores cometidos en la gestión de Canal 9 (ahora Nou). Unos errores que le han llevado, finalmente, a decretar el cierre de la Radio Televisión Valenciana (RTVV). La decisión se formalizará a finales de mes y dejará en la calle a 1.700 empleados. La Comunidad Valenciana se convertirá, además, en la primera autonomía con dos lenguas cooficiales sin medios públicos de comunicación.

El vicepresidente y responsable del proceso de reestructuración de RTVV, José Ciscar, pidió ayer “disculpas en nombre del Ejecutivo valenciano por las decisiones erróneas que han tomado los Gobiernos del Partido Popular” pero se negó a asumir ninguna responsabilidad política.

“Si una dimisión arreglase la situación de 1.700 trabajadores, no tengan la más mínima duda de que esa dimisión se produciría, pero desgraciadamente no es el caso”, sentenció el número dos del Ejecutivo de Alberto Fabra. Ciscar recalcó que no se siente responsable del cierre de RTVV, aunque sí declaró sentirse afectado porque se trata de una medida que se trató de evitar.

Fabra optó ayer, finalmente, por formalizar el cierre de RTVV a través de una proposición de ley presentada por el PP en las Cortes Valencianas mediante el procedimiento de lectura única. Esta fórmula impedirá a los partidos de la oposición presentar enmiendas al proyecto de supresión de RTVV y reduce en varios meses los plazos de una tramitación ordinaria.

Con esta estrategia, el Gobierno valenciano elude la presentación de un proyecto de ley de disolución de RTVV que, forzosamente, tendría que ir acompañado de los preceptivos informes jurídicos y de una memoria económica que justifique la decisión de cerrar los medios de comunicación públicos.

Fuentes del Gobierno valenciano admitieron ayer que la previsión es que la iniciativa legislativa se apruebe en el último pleno de este mes. La ley entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana al día siguiente y horas después se cortaría la señal de radio y televisión de las emisoras de la Generalitat.

Ciscar admitió que todo el presupuesto previsto en 2014 para RTVV, cerca de 70 millones de euros, se gastará en las indemnizaciones de los 1.700 trabajadores despedidos. Un total de 30 millones será para indemnizar a los 700 empleados que están trabajando en la actualidad y otros 30 millones para aumentar la indemnización de los 1.000 despedidos que tendrán que ser readmitidos antes del cierre. Una readmisión obligada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que el pasado martes anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que justificó los despidos. Otros 10 millones de euros se destinarán a pagar los salarios de tramitación del millar de trabajadores que estaban incluidos en el ERE.

El portavoz del Gobierno valenciano asumió que será necesario aportar más dinero para liquidar los compromisos de RTVV con productoras y proveedores, lo que obligará a realizar una modificación de crédito en los presupuestos de 2014.

Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Fabra, que el jueves se tuvo que reunir de urgencia dos veces para recuperar el control de RTVV mediante un decreto ley y nombrar un nuevo director general en sustitución de la dimitida Rosa Vidal, estuvieron ayer rodeadas de una enorme tensión. La Policía Nacional tuvo que cortar los accesos al Palau de la Generalitat para evitar que docenas de trabajadores de RTVV pudiesen acercarse al lugar donde estaba reunido el Gobierno valenciano.

Los partidos de la oposición insistieron en reclamar la dimisión de Fabra y anunciaron que recurrirán judicialmente las decisiones del Ejecutivo valenciano, que está sufriendo un fuerte desgaste por la decisión de cerrar RTVV.

En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumento, al ser interpelada por el cierre de RTVV, que “este es un asunto en el que cada comunidad autónoma toma las decisiones que cree adecuadas de acuerdo con sus normativas y sus competencias”. Ciscar descartó ayer la creación de otra sociedad pública de radiotelevisión pero no la posibilidad de realizar conciertos con empresas privadas dentro del plan de comunicación institucional.