Blasco, condenado a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación

• El ex conseller es declarado culpable de los delitos malversación, prevaricación y falsedad

• Tauroni, el otro cerebro de la trama, también tiene una pena de prisión de ocho años

• Sólo uno de los imputados esquiva la condena de cárcel pero es inhabilitado

• Rafael Blasco Castany, ex conseller de siete carteras de la Generalitat Valenciana, ex diputado del PP y ex portavoz parlamentarios del grupo popular, ha sido condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por la primera pieza del llamado caso Cooperación. Condenado por el trato de favor al empresarioAugusto César Tauroni y a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), a la que la Conselleria de Cooperación adjudicó en tiempos de Blasco 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino. El resto se invirtió en comprar pisos y garajes en Valencia.

  Blasco, conseller con todos los gobiernos de la Generalitat desde el socialista Joan Lerma al popular Francisco Camps, está condenado por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

  Según el relato construido durante la instrucción del caso y ratificado por la mayor parte de los testigos durante el juicio, el inicio de la estafa se remonta al año 2008 cuando Camps trasladó a Blasco de la conselleria de Sanidad a la recién creada cartera de Solidaridad y Ciudadanía.

  Casi en paralelo a la llegada de Blasco a Solidaridad, el empresarioAugusto César Tauroni, de Alzira, como Blasco, y viejo conocido del político pese a que ambos han renegado de su amistad ante el juez, fue tejiendo una red de pequeñas entidades dedicadas a la cooperación, sin medios suficientes para aspirar a los proyectos de la Conselleria, a las que Tauroni se ofrecía como gestor y a las que invitaba a asociarse para concurrir a todas las convocatorias públicas.Les garantizó que atraparían las subvenciones.

  Ninguna de las empresas de Tauroni cumplía los requisitos que exigía la ley para optar a las ayudas públicas, no tenían experiencia y no concurrían en red con otras ONG, pero, como queda reflejado en el sumario, Blasco se encargó de "allanar el camino".

  Se ha sabido después que Tauroni no sólo logró contratos públicos de Solidaridad, sino que también ganó adjudicaciones en otras consellerias por las que fue desfilando Blasco.

  Con su llegada de Solidaridad, la Conselleria modificó la forma de evaluar los expedientes sobre subvenciones. Una evaluadora externa "sin currículum" sustituyó a la habitual y fundaciones con mucha trayectoria cedieron el protagonismo como aspirantes a las ayudas a entidades que hasta ese momento no habían presentado proyectos.

  Esta nuevo orden en la Conselleria provocó las quejas de algunos funcionarios. La mayoría fueron relevados. "[Rafael Blasco] Nos preguntó por la Fundación Cyes y nos dijo que teníamos que tramitar el acta. Le dijimos que no podía estar entre las entidades subvencionadas porque no tenía experiencia previa. Insistía e insistía, que teníamos que confiar en él. Nos dijo que teníamos que confiar en él porque nos había mantenido en el puesto pese a que le habían dicho que éramos un mal equipo. Él nos dijo que las normas las interpretaba él, no nosotros. Incluso llegó a decir que él sabía que existía documentación que acreditaba la experiencia previa de Cyes. Le decíamos que no y se enfadaba. Nos llegó a decir que si nunca habíamos hecho algo así y que iba a revisar todos nuestros expedientes", relató ante el juez Teresa Clemente, una de las técnicos que se opuso a la concesión de ayudas a la Fundación Cyes .

  Tauroni consiguió las ayudas para un proyecto de abastecimiento de agua en Nicaragua: 833.409 euros que no llegaron a Nicaragua y se acabaron invirtiendo en la compra de cuatro inmuebles en Valencia.

  Blasco declaró ante el juez el 9 de enero, descargó toda la responsabilidad en los técnicos de su Conselleria, se presentó como un gestor inocente, casi inútil. "Yo no sé ni mandar correos electrónicos", dijo para negar su cruce de mensajes con Tauroni. Acorralado ante las evidencias sobre su estrecha relación con el cabecilla de la trama (el tráfico de llamadas entre ambos era "elevado", según la Policía), Blasco sólo supo decir: "Somos de Alzira, señoría, qué quiere que le diga".

  Para la Fiscalía Anticorrupción, quedó probado durante el juicio queconseller y empresario "actuaron juntos para delinquir" y Blasco benefició a Tauroni "en un claro ejemplo de clientelismo político". Pidió 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el diputado.

  La Abogacía de la Generalitat para la que Blasco trabajó durante doce años, solicitó 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación tras acusar al ex conseller de aprobar ayudas a la Fundación Cyes "a sabiendas de su injusticia" y de forma "claramente arbitraria", y considerar probadas sus "presiones" y "ataques" a los funcionarios del gobierno valenciano.

  El 3 de julio de 2012, casi dos años después de las primeras denuncias de PSPV y Compromís, la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia remitió el caso Cooperación al TSJ al encontrar indicios de delito en Rafael Blasco, entonces portavoz parlamentario del PP.

  Consideraba "constatado" que Blasco "conocía el fin último de Augusto César Tauroni de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y además, participó de los beneficios ilícitos obtenidos por Augusto Tauroni al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de éste".

  El 2 de octubre de 2012 Blasco dimitió como portavoz 'popular' tras ser imputado por el TSJ. Y mantuvo su escaño hasta que la apertura de juicio oral contra él era inminente. El 25 de junio de 2013 y después de que la propia Generalitat pidiera 11 años de cárcel para él, Blasco dejó el PP y pasó al grupo de no adscritos.

  Rafael Blasco, desaparecido de la vida política desde entonces, ha sido juzgado por segunda vez en su carrera. La primera vez era socialista. En 1989, siendo conseller de Obras Públicas del gobierno de Joan Lerma, fue imputado en un caso de recalificación de suelo del que logró ser exculpado por la anulación de unas escuchas que le inculpaban. Su abogado era y sigue siendo Javier Boix, el mismo que logró la inocencia de Camps por el asunto de los trajes de Gürtel y el mismo que ha defendido a Carlos Fabra.

  Veinticuatro años después, Blasco quedó apresado de nuevo por las grabaciones. Esas en las que se oía: "Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas". Esta vez sin escapatoria. Blasco es culpable.