Con pérdidas anuales de 200 millones y una deuda acumulada de 1.300.
Hoy muere Canal 9 arruinada por la corrupción y el despilfarro
Hoy es 27-N. El día elegido para votar y aprobar la liquidación y cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) arruinada por multitud de casos de corrupción y despilfarro. Sobredimensionada y con una plantilla diez veces superior a sus necesidades, arrastra un endeudamiento de más de 1.300 millones de euros. Manener Canal 9 nos cuesta a los valencianos 200 millones al año en pérdidas.
Les Corts se reunirá por la mañana en pleno para debatir la proposición de ley presentada por el grupo popular. Una iniciativa que defenderá en la tribuna del hemiciclo el portavoz popular, Jorge Bellver, y que necesita 45 votos para ser aprobada, uno más del total de escaños que suman los tres grupos de la oposición. La mayoría simple es suficiente para iniciar el proceso de liquidación de un ente con 24 años de historia.
El pleno, como estaba previsto, será hoy 27 de noviembre y mañana se publicará el acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). El fin definitivo de la emisión no tiene fecha. Se esperará al ERE de extinción.
Ayer todo estaba pendiente de una llamada de teléfono. Era la última oportunidad para mantener RTVV abierta. Las declaraciones del vicepresidente del Consell, José Císcar, el pasado domingo, y las del número dos del PPCV, Serafín Castellano, en el desayuno que mantuvo el lunes con los medios de comunicación invitaban al pesimismo. Ayer por la mañana, el presidente Fabra confirmó en Madrid la defunción definitiva de RTVV. Císcar fue el encargado de llamar por teléfono a los representantes del comité de empresa de la cadena pública para informar que el Gobierno valenciano no iba a aceptar el plan de ajustes propuesto por los trabajadores y que no había otra salida que el cierre.
Las razones del Consell
Los trabajadores, reunidos ayer por la mañana en las instalaciones de Burjassot, aseguraron que ellos no cerrarán RTVV y que seguirán emitiendo. Por la tarde, Císcar remitió un escrito con una lista detallada de argumentos para justificar el cierre de Canal 9 y rechazar la propuesta del comité de empresa. Las razones del Consell para no aceptar la propuesta de RTVV son diversas.
Císcar, en su escrito, aseguró que la última propuesta del comité ajustada a lo que dicta el contrato programa «viene a demostrar que en agosto de 2012, cuando se produjo la negociación del ERE no se visualizó el verdadero problema». El comité de empresa propuso un ajuste de los sueldos que aseguraron que se ciñe al presupuesto. El vicepresidente señaló en su carta que en su día no se aceptó una rebaja salarial entre el 7 y el 15% para salvar 200 puestos de trabajo de la cadena pública.
En relación al número de trabajadores que no volverían a su puesto de trabajo, según el comité, la respuesta del Consell fue que no se determina cuántos empleados no se reincorporarían a RTVV («se habla de unos 300») y tampoco se sabe su categoría y puestos, «por lo que la oferta no responde a un modelo organizativo sobre el que se pueda trabajar».
El económico es uno de los motivos sobre los que Císcar sustentó el rechazo a la propuesta presentada por los trabajadores. El Consell consideró que la oferta de los representantes de la plantilla para ejecutar un nuevo expediente de regulación de empleo «representaría un gasto de 65 millones de euros frente a los 23 que costó el ERE ejecutado en 2012». Además, «queda sin determinar los criterios para la afectación de los trabajadores al hipotético nuevo ERE».
El Consell aseguró en su contestación que en la propuesta de los trabajadores «hay incertidumbre en el coste de la plantilla que se debería establecer en base a un organigrama claro que no aparece». El comité propuso una plantilla de unos 950 empleados: «El coste duplica el de la consultora Price Waterhouse Cooper, que sirvió de base para el ERE». Por ello, el Consell tiene dudas de que se cumplan los gastos de personal. Císcar esgrimió como otra de las razones de rechazo el hecho de que la masa salarial no puede rebasar los 34 millones, ya que el contrato programa señala que los gastos de personal no pueden superar el 50% de los gastos totales. «La cifra de 37,5 millones que marca el comité es equivocada», señaló en el comunicado remitido.
La opción de reubicar a empleados en otros puestos de la administración tampoco se consideró como alternativa. El vicepresidente apuntó que no se puede recolocar a 136 trabajadores como funcionarios en otras áreas de la administración valenciana: «Contraviene la Ley de Función Pública». Para el Consell no es un ahorro, sino una transferencia de gastos. «Y por reducción al absurdo, los trabajadores de otras empresas públicas querrían lo mismo». Para el Consell, 900 empleados más 136 recolocados situaría los gastos de personal de nuevo por encima de los 1.000 trabajadores.
De la misma manera, las prejubilaciones tampoco son una opción para el Gobierno valenciano. Císcar sostuvo que la prejubilación de 155 trabajadores de más de 55 años «representaría un gasto de 25 millones de euros cuando el ERE de agosto significó un coste de 23 millones. Es más caro prejubilar que el proceso para despedir a 952 trabajadores», apuntaron desde la Generalitat.
Por todas estas razones, el vicepresidente del Consell remitió una carta ayer tarde al comité para comunicar que el Ejecutivo valenciano «mantenía el cierre». La respuesta del comité fue que no descartan recurrir a la vía judicial.
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