El Gobierno lanza una ‘tasa Google’ para contenidos sujetos a los derechos de autor

El Consejo de Ministros aprueba la reforma de la ley de Propiedad Intelectual

Incluye el permiso a agregadores a usar fragmentos de otros a cambio de una compensación

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, han comparecido tras el Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno al borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que ahora debe continuar su tramitación parlamentaria con los ánimos del sector encendidos.

Una de las principales novedades es que el Gobierno propone una suerte de tasa Google,como la existente en Francia o Alemania. El texto establece el derecho de los agregadores de noticias (como GoogleNews) a que se usen fragmentos no significativos de "información, opinión o entretenimiento". Para ello, no hará falta autorización, pero sí se tendrá que pagar una "compensación equitativa", según ha explicado Wert. Lo que no ha precisado es cómo y quién decidirá qué son "fragmentos no significativos" ni de qué modo se calculará el monto de esa compensación. Esta medida "excluye las fotografías, cuyo uso siempre requiere de autorización, y la actividad de búsqueda por palabras que lleve a la página original, que no requerirá de autorización ni compensación".

"Es el paso más importante que ha dado un Gobierno en España para la protección de la prensa", afirma Luis Enrique, presidente de AEDE (asociación de editores de diarios españoles), en un comunicado.

Otra de las sorpresas que deparaba el texto es la creación de una ventanilla única para que los usuarios de derechos de autor que tengan que tratar con varias entidades de gestión (desde radios a televisión, desde diarios a hoteles) puedan dirigirse a una sola entidad. En este caso, una "de carácter privado que esté controlada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". De nuevo, no se ha bajado el detalle. Está por ver quién integra esa entidad privada y de qué manera se negocia las tasas con ella. De momento, las entidades de gestión disponen de "un plazo de cinco meses para establecer dicha ventanilla", según un comunicado del Ministerio de Cultura.

El ministro ha anunciado que se perseguirá “ya no solo a quienes alojen servicios y contenidos ilegales”, sino también a quienes redirijan o facilitan el enlace a los alojadores de esos servicios y contenidos. Asimismo, Wert ha asegurado que “tanto los anunciantes como los intermediarios de pago” podrán ser multados e incluso sus sitios podrán ser cerrados. Por otra parte, los motores de búsqueda se rastrearán si muestran enlaces prohibidos, ha adelantado el titular de Cultura.

"España no puede ser Somalia en temas de piratería intelectual", ha añadido el ministro. De menor calado, al menos desde el punto de vista de la polémica, son los acuerdos adoptados en el texto para trasponer las directivas europeas 2011/77/UE y 2012/28/UE, relativas al uso por parte de organismos y entidades públicas de las así llamadas obras huérfanas, cuyos derechos carecen de titular pero resultan relevantes desde el punto de vista del acervo cultural común. También, en lo que se refiere a la caducidad de los derechos de autor, que pasa de los 50 años a los 70 para grabaciones fonográficas y obras musicales con letra. El plazo era ya de 70 años para el resto de obras sujetas a derechos de autor desde 1987. Hasta entonces todas las obras tenían un periodo de 80 años de protección.

El texto ha tenido una trayectoria accidentada. Sin ir más lejos, la semana pasada, cuando todo el mundo dio por sentado que el texto entraría en el último Consejo de Ministros, la cosa quedó retrasada, tal fue enfrentamiento entre los ministerios de Industria y Cultura, los de Economía y Cultura y entre la secretaría de Estado de Turismo y… Cultura.

Según informó Efe la semana pasada, Adepi, entidad que agrupa a las ocho entidades gestoras de derechos de autor en España, emitió una nota en la que considera que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy "arruinará al sector cultural". En él se denunciaba que no se ha contado con el sector de la cultura, "cuyos derechos de propiedad intelectual pretende regular".