Artur Mas ya tiene claro cómo será su Agencia Tributaria Catalana (ATC), que quiere hacer la competencia al fisco español. El próximo jueves ha convocado a las Diputaciones de las cuatro provincias (todas en manos de CiU) para escenificar un acuerdo que visualice el embrión de la futura Hacienda de esta comunidad. Es un paso más en la estrategia de presentar “estructuras de Estado” de cara a la consulta independentista del próximo 9 de noviembre. De hecho, la estructura fiscal catalana ya tiene cara y ojos, puesto que el mandatario catalán fichó en abril del año pasado al inspector de Hacienda Joan Iglesias, al que le puso sueldo de conseller, para montar la ATC. Poco después, fichó a otro funcionario estatal, exalto cargo con Aznar, para ayudarle en esa gestión, aunque en esta ocasión con salario de director general más un plus de 23.410,40 euros, lo que arroja un sueldo anual de unos 100.000 euros.
La previsión de presentar este jueves el embrión de la futura ATC, no obstante, ha hecho saltar las alarmas en el PP, que ha pedido ya la comparecencia en el Parlamento del consejero de Economía, Andreu-Mas Colell, para que dé explicaciones. “Queremos conocer de primera mano las explicaciones que da el consejero, al margen de lo que el propio Artur Mas pueda decir”, señala a El Confidencial Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en la Cámara autonómica. Para el dirigente popular, el acto de Mas es“escenográfico”, pero no deja de tener su importancia. “Nuestra petición de comparecencia de Mas-Colell –añade- es un aviso. A pesar de la crisis y los recortes, el Gobierno catalán destinará este año 3 millones de Europa más a montar su propia Hacienda. Éste es un aumento espectacular, de más del 10%. Y depende de cómo vayan las cosas y las explicaciones que den, estamos dispuestos a impugnar estas partidas”.
En términos similares se expresó la portavoz de Ciutadans, Carina Mejías, que también pidió la comparecencia de Mas-Colell. Para Mejías, la creación de este embrión de una Hacienda catalana es “una carrera suicida del independentismo”. Argumentó, además, que de materializarse, lo que se haría sería crear más impuestos y “Cataluña ya es el territorio de España y de Europa con una carga impositiva más alta”.
En los presupuestos del 2014, el dinero destinado a la ATC sube a 28,5 millones de euros, cuando el año pasado había sido de 25,5 millones. Además,de las 351 personas que hasta ahora formaban la plantilla de la estructura fiscal catalana se pasará a 366, con un aumento de 15 empleados.
“Enterrar 400 millones de euros”
“Hasta ahora, los nacionalistas se habían limitado a escenografías como el hecho de que algunos autónomos o diputados se fotografiaban en la ventanilla de la Generalitat simulando que pagaban sus impuestos a un organismo catalán. Pero lo cierto es que los documentos pueden presentarse en cualquier oficina de la Administración, que luego lo pasa al negociado correspondiente. Por tanto, lo que había era pura fachada, propaganda. Ya veremos lo que pasa en el futuro, porque si hay consecuencias políticas o jurídicas de la iniciativa de presentación de la ATC, tomaremos medidas judiciales. Lo que hemos hecho al pedir explicaciones en sede parlamentaria es sólo un aviso”, aseguran otras fuentes populares a este diario.
Diputados de ERC entregan su declaración en la agencia catalana (Efe)Diputados de ERC entregan su declaración en la agencia catalana (Efe)
Incluso la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se refirió al tema y criticó que se quieran lanzar a la papelera 400 millones de euros, que es lo que costaría crear una Hacienda catalana. De ahí que quiera conocer de boca del consejero de Economía “dónde está prevista la imputación de costes y qué es lo que pretenden diseñar, porque no tienen cobertura legal para hacer una Hacienda independiente”.
Para el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que preside el juristaCarles Viver Pi-Sunyer, no existen las trabas que ve la presidenta del PP. El informe ‘La Administración Tributaria de Cataluña’, que el consejo entregó a Mas el pasado mes de diciembre, detalla que “es indiscutible la importancia estratégica de disponer de una organización pública capacitada para gestionar los recursos fiscales de los contribuyentes catalanes”. Porque “como dice el aforismo atribuido a Einaudi, un sistema tributario vale tanto como la Administración responsable de su gestión”.
Con esta Hacienda propia, según el informe, la recaudación “potencial” para la Generalitat vía impuestos (y si se suman las cotizaciones sociales) se situaría en 70.000 millones de euros (de los que entre 40.000 y 50.000 son los actuales impuestos de gestión estatal recaudados por la Hacienda española, sin contar los autonómicos ni la Seguridad Social), lo que conllevaría unos costes de mantenimiento de la estructura de 750 millones. “De todas maneras, hay sistemas fiscales (por ejemplo, Suecia) que tienen un coste de Administración alrededor del 0,60% [la media de los países de la OCDE se sitúa en el 1,2%], lo que nos situaría en un horizonte de eficacia en el aprovechamiento de los recursos que reduciría los costes de funcionamiento hasta los 400 millones de euros anuales, que es la cifra a la que nos habríamos de aproximar”.
La recaudación óptima
Pero en otro capítulo, el informe detalla que si aplica la tasa fiscal europea y no la española (situada en un 32-25%), el flujo de recaudación se elevaría a 80.000 millones de euros y “si aplicásemos la tasa de presión fiscal de los países europeos que más recaudan (entre el 45% de Francia o el 50% de Suecia), obtendríamos que el techo de al recaudación fiscal en Cataluña se situaría alrededor de los 100.000 millones de euros anuales”. Éstas son, “en un escenario de plena soberanía, las magnitudes a considerar para determinar el grado de eficiencia de la gestión que pueda hacer la Administración Tributaria de Cataluña”.
Manifestación de insumisos fiscales (Efe)Manifestación de insumisos fiscales (Efe)
En cuanto al personal, estima que puede situarse la platilla de la ATC en unas 5.000 personas, aunque sin contar los empleados públicos de los organismos de la Seguridad Social y los de los Ayuntamientos con servicios propios de gestión tributaria. “Según la CE, habría que tener al menos 1.000 empleados públicos dedicados a la gestión tributaria por cada millón de habitantes, lo que en Cataluña nos daría un horizonte de plantilla (sic) óptima de 7.000 a 8.000 personas”.
Esa agencia del nuevo Estado catalán contaría con un cuerpo deinspectores de Hacienda de 200 a 300 personas, entre 1.000 y 1.200 empleados del Cuerpo de Gestión Tributaria, de 100 a 200 técnicos superiores para dirigir la gestión, entre 300 y 500 mossos d’Esquadra para la lucha contra la delincuencia fiscal y control de aduanas, entre 200 y 300 trabajadores de nivel formativo superior “que configuran la Administración Tributaria del Estado propio”, y de 200 a 300 efectivos destinados en un Servicio de Informática propio. El resto sería personal que completaría las plantillas de los diferentes niveles y escalas como agentes, personal administrativo y técnicos medios.
Los técnicos del Consejo Asesor reconocen que la Hacienda española funciona y funciona bien, pero sólo con las personas y las empresas que tiene censadas. “El problema es todo lo que queda fuera del sistema informático”, subraya. Pero arremete contra algunas de sus actuaciones porque “crean inseguridad jurídica”. Incluso, aseguran, la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda cambia de criterio en ocasiones y Hacienda aplica sus directrices “con carácter retroactivo, produciéndose una vulneración del principio de confianza legítima de los contribuyentes”.
Potenciar a los chivatos
El informe aboga también por abolir las dos vías de control jurisdiccional del fisco: la vía contencioso-administrativa o la penal, que prevé que son delito los fraudes superiores a 120.000 euros. “Al parecer de algunos expertos, lo que se debería plantear es la conveniencia de crear una jurisdicción fiscal diferenciada de la contencioso-administrativa y de la penal, dotada de jueces formados específicamente en fiscalidad, que controlen tanto los actos de la Administración como las infracciones de los contribuyentes”.
Las previsiones van más allá: en la lucha contra el fraude, el consejo de Artur Mas está a favor de limitar aún más los pagos en efectivo, que actualmente están establecidos en 2.500 euros en España. Por si fuera poco, en el ámbito del IVA, “existe la posibilidad, ya utilizada en algunos Estados miembros de la UE, de aplicar ampliamente la regla de inversión del sujeto pasivo, que consiste en que determinados sectores económicos donde el fraude del IVA resulta habitual, a diferencia de la regla general, el sujeto pasivo pasa a ser el adquirente y no quien entrega el bien o el servicio”. Y no le duelen prendas al afirmar que “otra iniciativa que no se ha de excluir es la difusión pública de los nombres de las personas que hayan cometido las modalidades más graves de fraude fiscal (delitos contra la Hacienda pública), respectando siempre la presunción de inocencia.
Consejeros del Gobierno de Artur Mas (Efe)Consejeros del Gobierno de Artur Mas (Efe)
Es lo que se conoce como política de name and shame y que practican diversas Administraciones fiscales de nuestro entorno (por ejemplo, Reino Unido). También se podría considerar la posibilidad de introducir deducciones fiscales para ciertas actividades orientadas a facilitar el afloramiento de economía sumergida, como ha hecho, por ejemplo, Portugal, otorgando una deducción en el IRPF por gastos en determinados sectores, siempre que se pida factura”. Y, por último, deja la puerta abierta a “compartir, con todas las garantías jurídicas del caso, la información fiscal con los contribuyentes que colaboren con la Administración Tributaria”. O sea, potenciar al “chivato fiscal”.
“Hay que adelantar trabajo”
El informe, no obstante, reconoce que Cataluña no tiene capacidad legal para modificar la legislación española, el Parlamento autonómico no puede modificar los procedimientos y la ATC es “una organización dependiente de la información que le proporciona la AEAT y que le impide asumir el control de la fiscalidad en Cataluña”. Sólo le queda “disponer de una organización capacitada para asumir la gestión de todos los impuestos”. Y esperar a que el Estado le ceda la gestión de IRPF, IVA, IS e IIEE (Impuestos especiales). Mientras, “para revertir una situación en que la Generalitat continuamente se ve obligada a pedir que le sean devueltos en forma de transferencia (adelanto) una parte de los impuestos que pagan los contribuyentes catalanes sólo sería preciso que las entidades bancarias que operan en Cataluña (auténticas receptoras de los pagos que hacen los empresarios y los particulares) depositasen el dinero recibido en sus oficinas ubicadas en territorio catalán en una cuenta restringida diferenciada según el lugar de origen del ingreso y que el saldo recogida se transfiriese posteriormente a una cuenta a disposición de la Generalitat de Cataluña”.
Pero saben que es difícil, por no decir imposible, que el Estado ceda todas las competencias en materia fiscal. Por ello, señalan que “mientras la legalidad tributaria aplicable sea la del Estado español, es preciso adelantar trabajo. La ATC habrá de hacer los preparativos necesarios a fin de que, llegado el momento, esté en condiciones de poner en funcionamiento los elementos principales de una Administración tributaria moderna, capacitada para gestionar el esfuerzo fiscal de los contribuyentes catalanes y para integrarse en al red de Administraciones fiscales de la UE y de los países de la OCDE”. En eso está Artur Mas.